Este jueves ante del 46a Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre Nicaragua y la crisis social y política desatada en abril de 2018 bajo el mandato de Daniel Ortega.

El reporte se basó en información recopilada por los oficina del DD.HH. de la ONU en Nicaragua, Costa, Panamá y otros países. El trabajo se baso en 208 entrevistas - personas y a distancia -a víctimas y/o testigos de violaciones a los derechos humanos. Además se revisaron documentos, videos, fotografías “e informes de fuentes abiertas, tanto gubernamentales como no gubernamentales”.

También se solicitó la respuesta del ministerio de Relaciones Exteriores de Managua ante algunas denuncias y la cartera respondió en 17 ocasiones. Este cubre el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

“Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril 2018, ha sido exacerbada por los daños causados tanto por la pandemia de la Covid-19 como por los huracanes Eta y Iota”, indicó Bachelet al introducir el informe.

Por otro lado, la Alta Comisionada manifestó su preocupación debido que el gobierno de Ortega a adoptado “varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático” y agregó que “el Estado de derecho sigue deteriorándose” de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

En ese sentido, detalló que su oficina documentó 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas de parte de policías o “elementos progubernamentales” contra miembros de la sociedad civil como estudiantes, campesinos, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.

Además, los medios de comunicación también se han visto afectado y han sido víctimas de “intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas” considerados como opositores al Ejecutivo de Daniel Ortega.

La expresidenta además lamenta que varias violaciones a los derechos humanos cometidas en 2018 continúan en impunidad.

Finalmente, Bachelet instó al gobierno de Nicaragua para que “permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas”. Comicios que pidió que fueran “libres, justos y transparentes”.

Revisa a continuación el informe: