Al menos 325 fallecidos, 600 detenidos, 60.000 exiliados en casi un año, daños económicos por sobre los US$ 1.000 millones, la pérdida de 755.874 empleos formales en 2018 y una contracción del PIB del 4%, con previsiones para que alcance 7,3 %. Esta no es la crisis venezolana, sino la que afecta desde el 18 de abril pasado a Nicaragua que esta semana reanudó una mesa de diálogo para intentar resolver el estallido social que fue silenciado con la represión.

A ocho meses de la suspensión de las conversaciones que sostuvieron el gobierno del Presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo con la Alianza Cívica -que agrupa a empresarios, campesinos, estudiantes y otros- el mandatario se ha visto arrinconado para que convoque a un nuevo diálogo con el que buscaría "ganar tiempo". Esto, porque se encuentra bajo una gran presión internacional, no solo por las eventuales sanciones de la OEA, de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos contra Nicaragua, sino que la presión que existe sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, uno de los pocos aliados regionales que ha cooperado con US$ 4.932 millones desde 2007 según la agencia EFE, lo que podría hacer peligrar su idea de mantenerse en el poder hasta el final de su cuarto mandato que finaliza en 2021.

"De manera externa la situación en Venezuela y Nicaragua se ven parecidas, pero son procesos diferentes. En Caracas hay una Asamblea Nacional escogida de manera democrática, en Nicaragua todos los poderes están controlados por Ortega desde el ejército al legislativo. La situación en Nicaragua se deterioró en cuestión de meses y en Venezuela ha sido proceso muy lento y duro que tardó 20 años. Aquí fue de un día para otro, en menos de un mes murieron 120 personas", dijo a La Tercera, el politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza.

En el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), a las afueras de Managua, 14 personas en una mesa redonda intentan desde el miércoles lograr un consenso en la metodología para recién iniciar el proceso de negociación.

De los 12 puntos con los que llegó la Alianza Cívica sólo en nueve lograron un acuerdo para una "hoja de ruta", en medio de escepticismo ante la poca información existente debido a que no hay acceso para los medios de comunicación y que los representantes tienen un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, según medios locales como La Prensa o el Nuevo Diario, los seis representantes del gobierno encabezados por el canciller Denis Moncada habrían rechazado la participación de garantes y mediadores internacionales como la OEA y la ONU tras acusar "intervencionismo".

Los seis representantes de la Alianza Cívica encabezada por el jurista Carlos Tünnermann, y en su mayoría miembros del gremio empresarial, además del cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag, que asisten como testigos intentan avanzar a contrarreloj en las reglas de las negociaciones para finalizar la crisis que estalló el 18 de abril por una reforma de seguridad social que provocó protestas que fueron reprimidas violentamente.

A pesar que escasa información ha sido revelada en torno a las negociaciones, una de las principales preocupaciones son los "presos políticos". Ante esto, el miércoles, el gobierno de Ortega "liberó" a 100 detenidos que no tenían causas, ni habían enfrentado un juicio, pero que habían sido detenidos por realizar protestas y que quedaron con arresto domiciliario.

"Si la Alianza Cívica acepta no tener garantes, ni testigos calificados sería el peor error que podrían cometer. Ortega no llama al diálogo para buscar una negociación todo lo contrario siente que vienen un montón de acciones en su contra como la de la de la UE, EE.UU., y debe sentir que Maduro es probable que no sobreviva en el gobierno y esto lo presiona a tomar decisiones ya que está aislado internacionalmente como para llegar en el poder hasta 2021", aclara Peraza.