El Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, decidió este viernes finalizar la labor de dicho ente después de que este publicara un duro informe en el que señala al Estado como principal responsable de graves violaciones a los DD.HH. y registrara "más de 300 muertos y 2.000 heridos" durante las protestas civiles.

Precisamente la Organización de Naciones Unidas lamentó la decisión e hizo un llamado al Gobierno de Ortega a la "cooperación constructiva" con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), que ahora seguirá desde Panamá la situación del país.

Antes de abandonar Nicaragua la mañana de este sábado, la misión del Acnudh, encabezada por el peruano Guillermo Fernández Maldonado, dejó un mensaje de agradecimiento por "las muestras de apoyo recibidas" en relación a su trabajo realizado entre junio y agosto.

También el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Nicaragua, conformado el mes pasado por 12 países, rechazó que se haya dado por concluida la labor de la legación de la ONU y expresó su "preocupación" por la decisión.

En el seno del organismo continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró el hecho y se comprometió a seguir pendiente de la situación de derechos humanos en la nación centroamericana, que vive un estallido social desde abril pasado.

La CIDH respaldó "las observaciones, conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe" de la Acnudh.

Entre los pocos países de la región que se han manifestado, el Gobierno de la vecina Costa Rica condenó la salida de los enviados de Naciones Unidas, resaltó la "objetividad" del ente y expresó su apoyo "firmemente al mandato de protección y denuncia, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General (de ONU) que le dio vida".

La Unión Europea en conjunto también criticó la decisión del Gobierno de Nicaragua y apeló a la reanudación del diálogo, para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país.

El Gobierno español, en específico, pidió al Ejecutivo de Ortega que reconsidere su decisión de poner fin a la misión del Acnudh y a asumir las conclusiones del informe de ese organismo, en el que se denuncia además el "alto grado de represión" en las protestas.

La decisión de Ortega ha sido criticada por numerosas oenegés y grupos políticos al interior de Nicaragua, que la califican de una "expulsión" de la misión tras ser invitada por el mismo Gobierno.

Nicaragua había pedido en junio pasado acompañamiento a la CIDH, el Acnudh y la UE en el marco de la crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según cifras de entes humanitarios, aunque que el Ejecutivo ha enfatizado que solo se contabilizan 198 víctimas mortales y que las protestas se tratan de un "golpe de Estado".

Las protestas de los nicaragüenses contra el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, con once años en el poder, a quien acusan de abuso y corrupción.