Un video de integrantes de la unidad policial SARS golpeando a un hombre en la ciudad de Ughelli, en el estado de Delta, a 600 kilómetros de la capital de Nigeria, fue el detonante de unas manifestaciones que comenzaron el jueves y que llevaron a que la Policía de Nigeria anunciara ayer la disolución de este escuadrón policial contra el robo, acusado de asesinatos, abusos y extorsión. Las manifestaciones de varios días exigían el cese de sus actividades.

“El inspector general de la Policía (Mohammed Adamu) ordenó la disolución del escuadrón con efecto inmediato y todos los agentes y hombres que sirven en esta unidad serán redestinados a otros mandos policiales, formaciones y unidades”, según informó el portavoz de la Policía, Frank Mba, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el vocero anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión policial para lidiar con los delitos de robo y llenar el vacío de seguridad dejado por la estructura de esta escuadra.

Por último, anunció la creación de una comisión investigadora, integrada en parte por miembros de la sociedad civil, para estudiar los delitos cometidos por los miembros de la organización, “y los culpables serán castigados”, ha remarcado.

Este anuncio tiene lugar después de que miles de personas volvieran a marchar el sábado para pedir el desmantelamiento de la escuadra especial, conocida como SARS por sus siglas en inglés. El hashtag #ENDSARS llenó las redes sociales nigerianas al tiempo que las manifestaciones comenzaban en la mayor ciudad del país, Lagos; la capital, Abuya; y otras ciudades más pequeñas.

La Policía nigeriana ha negado que el hombre en el video fuera golpeado hasta la muerte. Este es el último de lo que los grupos de defensa de los Derechos Humanos han identificado como una serie de abusos llevados a cabo por esta unidad creada en 1992 como un intento de combatir el hurto. Desde entonces, sus miembros han sido acusados de presuntamente llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, torturas y extorsión.

El Presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, había dicho anteriormente que estaba decidido a poner fin a la brutalidad policial, introducir reformas y llevar “al personal descarriado... ante la justicia”, pero los manifestantes pedían su disolución, ya que consideran que la conducta de estos oficiales es una extensión de la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad, y que los compromisos previos de cambiar el comportamiento de la policía no habían surtido efecto.