La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el jueves que dará “todas las facilidades” a la fiscalía para investigar las muertes durante violentas protestas y aseguró que no habrá impunidad, en momentos en que el gobierno espera nuevos disturbios en los primeros días de enero.

El país andino se vio sacudido a inicios de diciembre por violentas manifestaciones y bloqueos de infraestructura clave que llevaron a una dura represión de las fuerzas militares, luego de que salieran a las calles para apoyar a la policía cuando el gobierno declaró un estado de emergencia.

La convulsión social, que estalló principalmente en las empobrecidas regiones del sur del país, dejó al menos 22 muertos durante enfrentamientos y otras seis personas fallecieron en accidentes relacionados a los bloqueos, según datos oficiales.

Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución y arresto del exmandatario de izquierda Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso dominado por la oposición y reorganizar el Poder Judicial.

Una sala de apelación de la Corte Suprema ratificó el jueves la prisión preventiva por 18 meses para el exmandatario, mientras es investigado por “rebelión”, cargo que él niega.

“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles que corresponden”, declaró Boluarte a los medios internacionales en rueda de prensa.

“La policía y el Ejército salieron para defender la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos”, manifestó.

Las víctimas tras la agitación social en Perú generaron denuncias de las comunidades locales y de grupos de derechos humanos por supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en despliegues para restablecer el orden público.

Una investigación de Reuters encontró varios casos de personas que fueron asesinadas a tiros en Ayacucho, la región andina que registró el mayor número de víctimas en las recientes protestas, después de duros enfrentamientos entre manifestantes y militares que ingresaran a la zona.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, dijo en la misma conferencia que tiene información que indica que las manifestaciones -especialmente en las regiones del sur- se reanudarán a partir del 4 de enero, tras una relativa pausa que coincidió con las festividades navideñas en un país de mayoría católica.

El ministro Rojas dijo que en caso de nuevas protestas, y con el afán de proteger la propiedad y libre tránsito de las personas, se respetarán los derechos humanos. “Nadie desea repetir los fallecidos que hubo en la primera escalada de conflictos”.