El Presidente francés, Emmanuel Macron, avanza a toda velocidad para cumplir, una a una, sus promesas de campaña. Esta vez se trata de uno de los principales problemas que enfrenta Europa hoy: la inmigración. El Consejo de Ministros aprobó ayer el texto "inmigración controlada y un efectivo derecho al asilo". que tiene como principal objetivo reducir el tiempo de espera para la solicitud de asilo de 11 a seis meses y facilitar las deportaciones.

El proyecto de ley fue presentado por el ministro del Interior, Gérard Collomb, quien ha manifestado que el principal problema "reside en la legislación" francesa, "que en comparación con la legislación europea es mucho más favorable".

Entre las medidas se indican la reducción de plazos para tramitar las peticiones de asilo (seis meses) y para presentar un recurso a la deportación, de un mes a dos semanas. Según los críticos, esto último impediría que los demandantes de asilo puedan preparar con tiempo los documentos. También, el proyecto amplía el tiempo en que la policía puede mantener en "detención administrativa" a los arrestados mientras se verifica su identidad por falta de papeles, de 16 horas a 24 horas. Esta medida busca evitar la liberación de personas peligrosas y podría implicar multas de cinco años de cárcel y hasta 75 mil euros en el caso de que porten un documento de identidad falso.

Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del proyecto, que ha generado divisiones dentro del propio oficialismo, es la que aumenta de 45 a 90 días, ampliables a 135, el período de detención para quienes estén en proceso de expulsión del país.

De todos modos, hay una norma que suaviza estas medidas, calificadas de "restrictivas" por la sociedad civil. Se trata de una ampliación a la reunificación familiar, lo que quiere decir que los menores refugiados que hasta ahora podían llevar a sus padres, podrán también llevar a sus hermanos y hermanas para que "la reunificación familiar no se haga en detrimento de la unidad familiar". También, las personas apátridas podrán tener un permiso de residencia por cuatro años, en vez de uno.

Dentro del amplio número de críticos a la ley, la ONG Cimade (ver entrevista) expresó en un comunicado que el proyecto "restringe los derechos de los solicitantes de asilo". Además, funcionarios de la Corte Nacional del Derecho de Asilo en Francia y de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra) estuvieron en huelga ayer, mientras la ley era presentada al Consejo de Ministros.

"Siempre habrá críticas (...). Tenemos que acogerlas, pero hay que hacerlo bien", sostuvo el ministro Collomb.

En 2017, cerca de 100 mil personas solicitaron asilo en Francia, un 17% más que en 2016. Un sondeo del instituto BVA indicó que el 63% de los franceses estima que "hay demasiados inmigrantes en Francia". El texto aún debe ser votado por la Asamblea Nacional.