Hace 43 años, el atentado con autobomba que mató al excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, y su colega Ronni Moffitt, en Washington DC, estremeció a la capital norteamericana. Tras el ataque perpetrado el 21 de septiembre de 1976 motivó años después que cuatro funcionarios del Departamento de Estado norteamericano comenzaran a presionar por una política que obligara a Augusto Pinochet a abandonar el poder. Así lo revela un memorando desclasificado de un "canal disidente" publicado ayer por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
"Es probable que el Presidente Pinochet haya ordenado el asesinato de Letelier y otros", escribieron los autores del memorándum en su llamado por una política agresiva para poner fin a las relaciones normales con Chile hasta que el militar fuera removido. "Nuestra única esperanza de justicia es que Estados Unidos tome medidas para lograrlo", comentan en el documento.
Según explica a La Tercera Peter Kornbluh, director de la parte Chile del Archivo de Seguridad Nacional, este "canal disidente" es un mecanismo especial, y cuidadosamente utilizado, para que los funcionarios del Departamento de Estado "proporcionen una oposición constructiva o puntos de vista alternativos sobre cuestiones sustantivas de política exterior que no se pueden comunicar de manera completa y oportuna a través de canales y procedimientos operativos regulares". En otras palabras, este canal permite que los funcionarios "desafíen la política existente sin miedo a la repercusión que cause en sus superiores".
El Archivo de Seguridad Nacional obtuvo el memorando de este canal disidente sobre el asesinato de Letelier y Moffitt a través de un requerimiento de la Ley de Libertad de Información. El documento secreto, titulado "Los asesinatos de Letelier/Moffitt: Política hacia Chile", fue archivado el 1 de octubre de 1979, poco después de que la Corte Suprema de Chile rechazara una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a los dos principales funcionarios de la policía secreta chilena, DINA, por su papel en el ataque terrorista en Washington DC.
Los informes de inteligencia de la CIA, señala el Archivo de Seguridad Nacional, revelaron que Pinochet había intercedido personalmente ante la corte para asegurar que la solicitud de extradición fuera denegada. Los cuatro autores del memorándum se opusieron a la política del Departamento de Estado de aceptar la decisión de la Corte Suprema y continuar las relaciones normales con el régimen para no poner en peligro los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Chile.
A juicio de los autores del memo, bajo el régimen de Pinochet, Chile estaba llevando a cabo "una campaña de terrorismo internacional", situación que requería una respuesta contundente de Estados Unidos. "El fracaso de EE.UU. de no reaccionar ante este atropello y desafío a nuestra ley y poder solo puede llevarnos al desprecio en Chile y en otros lugares. Otros no se desanimarán de (cometer) actos terroristas patrocinados oficialmente en nuestro país por gobiernos que intentan reprimir a la oposición en las comunidades de exiliados ", escribieron los funcionarios.
Así, el memorándum recomendaba una denuncia oficial explícita de Pinochet y la DINA, y una serie de sanciones destinadas a obligar al general chileno a abandonar el poder y reemplazarlo con un liderazgo militar más "responsable". "La comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que apartar a Pinochet resultaría en su reemplazo por cualquiera de varios generales, y las políticas actuales continuarían con la probabilidad de una transición algo más rápida hacia el gobierno civil", señala el documento. "La partida (de Pinochet) también quitaría el principal símbolo de la represión chilena y permitiría una flexibilidad política mucho mayor en el trato con Chile", agrega.
Los nombres de los cuatro autores del memorándum están incluidos en el documento desclasificado, pero no las posiciones que ellos mantenían en el Departamento de Estado. El embajador Francis McNeil, exsubsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos, fue uno de los firmantes. Él identificó al redactor principal como Robert S. Steven, exfuncionario del Escritorio Chile en el Departamento de Estado, y otro funcionario, el Asesor Legal Asistente para Asuntos Interamericanos, Frank Willis, como signatarios del memorándum. El cuarto firmante, un abogado del Departamento de Estado que trabajó en la solicitud de extradición, no pudo ser identificado, destaca el Archivo de Seguridad Nacional.
"Bob Steven recurrió al canal disidente porque era un último recurso establecido para lograr que los tomadores de decisiones miraran más de cerca la política impugnada", recordó McNeil. "Los chilenos sabían que conocíamos que habían asesinado a Letelier y Moffitt y esperaban que nos derrumbáramos. Eso hizo que castigar al régimen fuera aún más necesario, no solo por los asesinatos, sino para evitar que otros los imitaran. Después de todo, fue hasta el 11 de septiembre (de 2011) el único ataque terrorista de posguerra patrocinado por extranjeros en suelo estadounidense".
Según recuerda, McNeil varias de las recomendaciones para sanciones contra el régimen de Pinochet fueron adoptadas por el Departamento de Estado, pero su posición finalmente no influyó en la leve respuesta de la administración Carter al asesinato de Letelier y Moffitt. Sin embargo, otras agencias, incluido el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), se mantuvieron hostiles a tomar una posición firme. "Nunca me he sentido cómodo con la forma en que el Departamento de Estado ha manejado el caso de Letelier", informó Robert Pastor, especialista en América Latina del CSN, al Asesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, 10 días después de que se archivara el memorándum del canal disidente.
Las pocas sanciones impuestas por Carter resultaron "efímeras", destaca el Archivo de Seguridad Nacional, que recuerda que, al final, la Casa Blanca no responsabilizó frontalmente a Pinochet por el asesinato de Letelier y Moffitt, a pesar de los informes de inteligencia de la CIA que determinaron que "Pinochet ordenó personalmente" un acto de terrorismo en Washington D.C. y encabezó el encubrimiento del papel de su régimen en estas muertes. Esos informes se mantuvieron en secreto durante décadas y solo se desclasificaron a solicitud del gobierno de Michelle Bachelet en el 40° aniversario del asesinato, en septiembre de 2016.
