El candidato presidencial ecuatoriano Christian Zurita aseguró que cuenta con una fuerte custodia policial porque tiene el mismo perfil de riesgo que su amigo y colega asesinado la semana pasada, Fernando Villavicencio.

En rueda de prensa, Zurita reconoció que las amenazas de muerte “siempre fueron ‘vamos por todos’”, al tiempo que aseguró que Villavicencio fue acribillado porque entre sus primeras acciones de gobierno estaba dispuesto a “militarizar los puertos” desde donde se exportan grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos y Europa, principalmente.

“Ecuador es un narco Estado”, aseveró Zurita, no sólo porque el narco ha infiltrado instituciones del Estado sino porque se ha vuelto consumidor de narcóticos, con la consecuente guerra territorial de mafias que están “destruyendo todo el tejido social que hasta hace poco había”, destacó.

Zurita, quien lleva constantemente un chaleco antibalas, añadió que para enfrentar la ola de inseguridad en Ecuador se necesita colaboración internacional, depurar a la policía, fortalecer los organismos de inteligencia y las unidades tácticas y de análisis financiero, equipar a las fuerzas de seguridad y crear unidades antimafia y antiterrorismo.

Villavicencio fue acribillado por un grupo de hombres armados el 9 de agosto cuando salía de un mitín político en el norte capitalino en un hecho que dejó además nueve heridos de bala. Tras ello, el partido que lo apoyaba postuló a Zurita. Seis colombianos fueron detenidos en el sur de Quito como los presuntos responsables del violento hecho horas después del atentado.

El Consejo Electoral avaló la candidatura de Zurita la noche del miércoles y dejó al nuevo candidato con la posibilidad de hacer campaña durante menos de 24 horas en medio del reproche de sectores ciudadanos y de otros postulantes que demandaban al organismo celeridad en el tema.

Democracia de luto

Han sucedido hechos que “enlutan la democracia”, pero “los procesos están escritos en la ley y se los debe respetar”, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. “Nos corresponde cumplir y hacer cumplir la ley…para que en estas condiciones de dolor e inseguridad la democracia no se debilite”, insistió.

La funcionaria destacó que se han incrementado los protocolos de seguridad tanto para los funcionarios que participan en la votación de privados de la libertad como para los comicios del 20 de agosto.

Un total de 13,45 millones de ecuatorianos han sido convocados el 20 de agosto para unos comicios presidenciales adelantados en los que también elegirán a 137 legisladores, que en conjunto deben completar un período de gobierno que termina en mayo de 2025.

Estas elecciones atípicas se produjeron luego de que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea y acortó su propio mandato, en medio de un pugna de poderes y de un juicio político con el que los asambleístas buscaban destituirlo.