El nuevo gobierno de Bolivia reclamará a México por las declaraciones públicas del expresidente Evo Morales, asilado en ese país y quien renunció acorralado por las protestas sociales y la presión de las fuerzas armadas tras las elecciones en las que buscaba un cuarto mandato.
"Hay que hacer conocer al gobierno mexicano, eso no puede estar sucediendo. El expresidente está asilado, no puede hacer ningún comentario. Vamos a hacer las presentaciones que correspondan a través de la cancillería", dijo el flamante ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez.
En una rueda de prensa en México, Morales llamó a un acuerdo nacional para pacificar a Bolivia con el apoyo de países "amigos" y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide.
Su partida no aplacó las protestas. Sus partidarios protagonizan manifestaciones con cortes de rutas en varias regiones para pedir el regreso de su líder. La violencia cobró 10 vidas desde que estallaron las protestas tras las elecciones del 20 de octubre, en las que la oposición denunció un supuesto fraude.
"Morales va a crearle problemas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso con la oposición mexicana. Desde México lanza críticas, amenazas al nuevo gobierno de transición, incluso da conferencias de prensa", dijo el analista y catedrático Jorge Dulón.
La oposición boliviana acusa al exmandatario de digitar las protestas de sus seguidores. "Está convulsionando desde el exterior. Se resiste a dejar el poder", dijo Gustavo Pedraza, excandidato a la vicepresidencia en los comicios.
Primero fueron las protestas contra el supuesto fraude electoral, pero ahora los seguidores del exmandatario se movilizan pidiendo su regreso y rechazan la asunción de la opositora Jeanine Áñez, quien llamará a nuevas elecciones en tres meses.
Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), mantienen intacto su poder en alcaldías, sindicatos y organizaciones indígenas que han controlado en los 13 años y 9 meses que el líder indígena estuvo en el poder.
Áñez, que se autoproclamó presidenta interina del país andino, parece tener el respaldo de la policía, el ejército y la Iglesia.
La vida regresó a la normalidad brevemente el miércoles en la mañana, horas después de que Áñez asumió el poder. Los opositores a Morales celebraron ondeando banderas nacionales antes de levantar muchos de los bloqueos instalados en carreteras de todo el país. Los comercios enrollaron las persianas metálicas que los protegían de los saqueos y el transporte público volvió a funcionar con normalidad en La Paz.
Pero más tarde se desataron violentos enfrentamientos entre leales a Morales y la policía de la capital que se extendieron hasta bien entrada la noche. Los seguidores del exmandatario también salieron a la calle en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz y un bastión a Morales, con la bandera indígena multicolor y cantando "¡Ahora sí, guerra civil!".
En el centro de La Paz, los manifestantes arrojaron piedras, arrancaron placas de metal y tablones de madera de obras para usarlos como armas y algunos prendieron cartuchos de dinamita. Policías antimotines respondieron con gases lacrimógenos mientras aviones de combate rugían en vuelos bajos sobre la multitud en una demostración de fuerza.
Este es un indicio de los retos que enfrenta Áñez, que era una legisladora de segunda línea hasta que se hizo con la presidencia alegando que la partida de Morales creó un vacío de poder.
La senadora tiene que lograr reconocimiento, estabilizar el país y organizar nuevas elecciones en el plazo de 90 días.
"Si el movimiento social indígena ve esto como un esfuerzo de la vieja élite para restaurar el viejo orden en la sociedad boliviana, creo que ésta es la receta para un enorme conflicto político", señaló Kenneth Roberts, profesor de gobierno en la Cornell University en Ithaca, Nueva York.
Morales cambió la política de Bolivia, gobernada durante décadas por descendientes de europeos de tez más clara, al revertir la profunda desigualdad. La economía creció con fuerza gracias a la suba del precio de las materias primas. Además, promulgó una nueva constitución que creó un Congreso con escaños reservados para minorías indígenas y permitió el autogobierno de las comunidades nativas.
Aunque algunos de sus seguidores se mostraron descontentos por su insistencia en aferrarse al poder, Morales sigue siendo una figura popular, especialmente entre los aymara, el grupo étnico al que pertenece. Muchos de ellos están preocupados por la posible pérdida de los beneficios logrados y protestan por los reportes de que la Wiphala, la bandera multicolor que los representa, fue quemada por simpatizantes de la oposición.
"Más de 13 años de progreso se perdieron en el minuto en que Evo renunció," dijo una de las manifestantes, Magenta Villamil. "No sólo han quemado una bandera. Son los pueblos, las etnias."
Áñez también enfrenta un desafío en el Congreso, donde los legisladores leales a Morales cuestionan su legitimidad e intentaron convocar nuevas sesiones que podrían socavar su reclamo para ostentar la presidencia.
Los partidarios de Morales, que tienen una mayoría de dos tercios en el Congreso, boicotearon la reunión convocada el martes en la noche por Áñez para formalizar su reclamo impidiendo que hubiese quórum.
Sin embargo, la senadora siguió adelante con el proceso alegando que la constitución no requiere específicamente la aprobación de la cámara. El alto tribunal boliviano emitió un comunicado presentando la justificación legal para el reclamo de Áñez, aunque no mencionó su nombre.
Expertos legales cuestionaron los tecnicismos que llevaron a su autoproclamación y señalaron que al menos alguno de los pasos requería que el Congreso se reuniera.
Eduardo Gamarra, politólogo boliviano en la Florida International University, dijo que la constitución establece claramente que Áñez no necesita el voto de los diputados para asumir el cargo. Sin embargo, los próximos meses "serán extraordinariamente difíciles para la presidenta", añadió.
La dirigente tendrá que formar un nuevo tribunal electoral y encontrar personal no partidista para el organismo y hacer que el Congreso vote en favor de anticipar los comicios.
La crisis en el país se agravó el domingo cuando una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportó irregularidades generalizadas en las elecciones y pidió una nueva convocatoria.
Morales accedió a poner una nueva fecha, pero unas pocas horas después renunció luego de que el comandante de las fuerzas armadas lo instó a dimitir "por el bien de Bolivia".
Áñez juramentó su nuevo gobierno el miércoles y nombró nuevos comandantes en jefe para todas las ramas del ejército. La medida fue vista como un esfuerzo por formar una alianza con el esa fuerza.
Además, se reunió con docenas de policías y les aseguró que obtendrían las condiciones laborales que demandaban y que nunca lograron con Morales. También el respaldo del principal rival de Morales en las elecciones, el expresidente Carlos Mesa, que acabó en segundo lugar.
Michael G. Kozak, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, se dirigió a ella como "presidenta interina constitucional". Brasil, uno de los principales socios comerciales de Bolivia, la felicitó por su ascenso "constitucional" a la presidencia.
Pero en Argentina, donde hay una gran población boliviana, legisladores de las dos cámaras condenaron lo que consideraron un golpe de Estado.
Desde México, Morales se comprometió a mantener un rol activo en la política boliviana. En una conferencia de prensa en la Ciudad de México el miércoles Morales apuntó que "si la gente me lo pide, estamos dispuestos a regresar".
