Una corte de apelaciones del trabajo dictó una nueva medida cautelar, esta vez promovida por la Central de Trabajadores Argentinos, y que volvió a declarar la suspensión del artículo del DNU referido a la reforma laboral. En la resolución se fundamenta en que existe un “grave riesgo de conflicto social” que podría derivar en “hechos de violencia inusitada”.

Una serie de fallos dictados este jueves por los tribunales de Argentina complican la estrategia del presidente Javier Milei para imponer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el que pretende desregular la economía y realizar una reforma laboral, medidas fuertemente rechazadas por sectores políticos, gremiales y sociales.

El primero de los dictámenes adversos al Gobierno provino desde la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que dictó una nueva medida cautelar, esta vez promovida por la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), y que volvió a declarar la suspensión de uno de los artículos del DNU referido a cambios en las condiciones laborales de los trabajadores argentinos.

La resolución fue firmada por los jueces Alejandro Sudera y Andrea García Vior, los mismos que 24 horas antes dictaron una cautelar similar en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT) y que también busca frenar la reforma laboral contenida en el llamado “decretazo” de Milei.

A ello se agrega que en el mismo día que la Cámara del Trabajo dictó la nueva medida cautelar, un juez del fuero activó distintos casos judiciales que buscan anular todo el decreto del mandatario argentino.

En la resolución de este jueves se establece que es necesario intervenir sin esperar a la solución de fondo del caso porque existe un “grave riesgo de conflicto social” que podría derivar en “hechos de violencia inusitada”.

El Gobierno trasandino también sufrió otro traspié luego que los tribunales rechazaron su pedido para sacarle los recursos de amparo de la CGT a la justicia del Trabajo.

En este escenario, sólo con un recurso ante la Corte Suprema podría intentar el Poder Ejecutivo dejar sin efecto la cautelar que suspende la reforma laboral dispuesta por el “megadecreto”.