La OEA expresó este jueves su “extrema preocupación” por la reciente elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y por la aprobación de reformas electorales que “claramente dan ventaja” a ese partido en las elecciones de noviembre próximo.
En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos cuestionó la decisión del Parlamento nicaragüense, dominado por el FSLN, de nombrar el pasado martes a figuras ligadas a ese partido en la mayoría de los 10 cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La nueva directiva del tribunal (siete magistrados titulares y tres suplentes) fue juramentada este mismo jueves por el Legislativo en Managua. Entre los 10 directivos, fueron reelegidos los sandinistas Lumberto Campbell y Mayra Salinas.
La elección de magistrados “afines al partido oficial consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado” y “no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes”, advirtió el comunicado de la OEA.
También el martes, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una serie de reformas a la Ley Electoral que inhiben la participación de candidatos opositores y anulan la observación electoral en los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre.
“La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población”, señaló la OEA.
Consideró que ambas medidas “claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo”.
“Esta reciente elección y aprobación de reforma electoral pone en evidencia la falta de voluntad del régimen - así como de algunas fuerzas políticas – de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense”, insistió el informe.
La secretaría general de la OEA, a cargo del uruguayo Luis Almagro, reiteró su oferta de apoyar la negociación y diseño de reformas “que construyan el camino hacia elecciones libres y justas, especialmente respecto a la composición de una autoridad electoral independiente, transparente y responsable”.
La víspera, Almagro solicitó a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, la paraguaya Elisa Ruiz Díaz, incluir el tema de Nicaragua en la agenda de la próxima sesión ordinaria, el próximo miércoles 12.
La OEA había dado un plazo para este mes de mayo para que Ortega implementara reformas electorales que permitieran la modernización y reestructuración del CSE a fin de asegurar comicios libres, transparentes y observados, en medio de una grave crisis sociopolítica que se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.
También la Unión Europea (UE) cuestionó este jueves las acciones del gobierno de Daniel Ortega en materia electoral, señalando que “constituyen un paso que aleja más una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua”.
Estas medidas “no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU). Estas decisiones no son el resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha pedido repetidamente”, indicó el portavoz del bloque europeo en una declaración.
A mediados de abril pasado, el eurodiputado español José Ramón Bauzá había declarado al diario “El País” que el proyecto de reformas electorales era “el último ataque perpetrado por parte de Ortega a la democracia”. Bauzá dijo entonces que el presidente sandinista “está absolutamente decidido a consumar el fraude electoral que se va a producir en las elecciones de noviembre”.
