La Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó este lunes que en los comicios de 2019 en Bolivia el expresidente Evo Morales se benefició de irregularidades, tras un reciente informe de la Fiscalía que negó manipulación electoral.
A través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia del organismo dijo en un comunicado que “reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia” que dijo entonces que hubo “una manipulación dolosa”.
El informe de 2019 apoyó la versión de los opositores que denunciaron que Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el poder hasta 2025.
Los opositores impulsaron protestas sociales que dejaron 35 muertos en todo el país. Militares y policías retiraron su apoyo a Morales.
El entonces mandatario indígena renunció en noviembre de 2019 y salió exiliado hacia México, para ser sucedido por la senadora de derecha Jeanine Áñez.
La oficina de la OEA, en su comunicado, enumeró las irregularidades halladas en los comicios de ese año.
Mencionó, por ejemplo, una “paralización dolosa del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) [de conteo rápido]” y la existencia de “servidores [informáticos] clandestinos”.
El sistema TREP fue parado por unos días, sin una explicación clara del Tribunal Supremo Electoral, mientras los opositores dijeron que mostró un cambio de tendencia de votos a favor de Morales.
La oficina de la OEA afirmó que hubo una “provisión de información falsa”, el “llenado doloso e irregular de actas de escrutinio”, “irregularidades en manejo de actas del exterior” y el “ingreso de al menos 1.575 actas del TREP (ambiente cuya red fue vulnerada y manipulada) directamente al cómputo oficial”.
El informe de la Fiscalía boliviana, de hace dos semanas, negó que se haya alterado el cómputo oficial de votos y cerró el caso denominado “fraude electoral” y que apuntaba a Morales.
La Fiscalía contó con el apoyo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Morales asegura que sufrió un “golpe de Estado”, mientras el oficialismo señala que hubo una confabulación interna y externa.
En lo interno señala a la Iglesia Católica y a los expresidentes, el derechista Jorge Quiroga (2001-2002) y el centrista Carlos Mesa (2003-2005). En lo externo apunta a la OEA, la Unión Europea (UE) y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y del ecuatoriano Lenín Moreno.
Áñez está encarcelada desde marzo pasado acusada de “golpe de Estado” junto a varios de sus ministros y jefes militares y policiales.
