La oficina Derechos Humanos de la ONU pidió este martes la liberación inmediata del informador bielorruso detenido el domingo pasado cuando el avión en que viajaba a Lituania fue desviado y obligado a aterrizar en Minsk.

“Tal abuso del poder del Estado contra un periodista por ejercer funciones protegidas por el derecho internacional merece la más enérgica condena”, afirma la instancia.

El domingo 23 de mayo, el profesional Roman Protasevich (26) volaba en un avión de Ryanair de Grecia a Lituania, donde vive exiliado desde que huyó de Bielorrusia en 2019.

A raíz de las protestas populares a gran escala que estallaron en Bielorrusia en agosto pasado tras unas controvertidas elecciones presidenciales, el gobierno de Alexander Lukashenko acusó al informador de incitar al desorden público y al odio social.

Desviación con un propósito específico

El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseveró este martes en conferencia de prensa en Ginebra que la amenaza de uso de la fuerza militar aplicada para secuestrar a Protasevich de la jurisdicción de otro Estado y llevarlo a la jurisdicción de Bielorrusia “equivale a una entrega extraordinaria”.

“Tal abuso del poder del Estado contra un periodista por ejercer funciones protegidas por el derecho internacional merece la más enérgica condena”, señaló Rupert Coville.

El portavoz explicó que el propósito de la desviación forzosa del avión de Ryanair fue capturar al periodista y añadió que el castigo a un profesional de la información por el mero hecho de ser crítico del gobierno constituye una violación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Agregó que tampoco puede tipificarse como delito en las leyes nacionales de ningún país -incluidas las leyes antiterroristas- el acto de organizar una reunión pacífica y que, por lo mismo, el arresto o la detención de alguien que ejerce legítimamente sus derechos a la libertad de opinión, expresión y asamblea, se considera arbitraria.

Liberación inmediata

“Tememos por la seguridad de Roman Protasevich y deseamos pedir garantías de que se le trata humanamente y que no es sometido a malos tratos ni torturas”, recalcó Colville y agregó que la aparición anoche en la televisión estatal del periodista no fue tranquilizadora, dada la aparente magulladura de su rostro y la fuerte probabilidad de que su aparición no fuera voluntaria y su “confesión” de delitos graves sea forzada.

“La información obtenida bajo coacción no se puede utilizar contra Protasevich en ningún procedimiento judicial. Las confesiones forzadas están prohibidas por la Convención contra la Tortura”, recalcó el portavoz.

Colville también expresó preocupación por Sofia Sapaga, novia de Protasevich, quien corrió la misma suerte y se encuentra arrestada arbitrariamente. “Pedimos la liberación inmediata de los dos, así como que se les permita continuar su camino a Lituania”.

Por otro lado, destacó que el aterrizaje forzoso del avión de pasajeros en Minsk aterrorizó a los viajeros a bordo y los expuso a peligros innecesarios, violando así sus derechos humanos.

Nueva fase de represión

El portavoz indicó que el acontecimiento muestra una nueva fase de la campaña de represión de las autoridades bielorrusas contra los periodistas y la sociedad civil en general. “Este arresto arbitrario es una señal de la muy preocupante escalada de represión de las voces disidentes, no solo de los periodistas, sino también de los defensores de los derechos humanos bielorrusos y otros actores de la sociedad civil, incluidos los que viven en el extranjero”, concluyó.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por su parte, expresó su preocupación en un comunicado emitido el lunes y llamó a emprender una investigación amplia, transparente e independiente sobre el “inquietante incidente” e instó a todos los actores pertinentes a cooperar en dicha pesquisa.

Asimismo, Guterres manifestó alarma por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia luego de las elecciones presidenciales de agosto pasado y exhortó a las autoridades a apegarse a sus obligaciones internacionales en la materia.