El representante para América Central de la Oficina de Derechos Humanos, Alberto Albrunori, rechazó la orden de arresto domiciliario, inhabilitación para cargo público y la persecución penal contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas presidenciales en Nicaragua y opositora a Daniel Ortega.

“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todos los candidatos y votantes”, dice Albrunori en un video publicado en Twitter, en referencia a los comicios previstos para noviembre. “Las acciones del Ministerio Público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre”.

La Oficina considera que estas medidas “unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barro de Chamorro describen un escenario sombrío para los derechos humanos”.

En ese sentido, el representante reitera su petición al Gobierno de Nicaragua para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.

Ayer, la policía de Nicaragua allanó la vivienda de la periodista con una orden de detención tras una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Ortega.

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Chamorro en Nicaragua y aseguró que el país “se encamina a las peores elecciones posibles”.

A través de un comunicado el organismo calificó como un “nuevo atentado a la democracia”, ya que, imposibilita más aún la existencia de “elecciones libres, justas y transparentes”.

Esta jornada además la relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país centroamericano Mary Lawlor ha instado al Gobierno a “poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarias” en contra de estos activistas.  

La especialista denuncia que se ha desencadenado “una nueva oleada” de detenciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones sociales.