El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que 9.465 personas fueron asesinadas por policías y militares desde 2013 -año en el que Nicolás Maduro llegó al poder en el país- hasta la fecha.
“En apenas 10 años, Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, escribió la organización en Twitter, e indicó que las “abusivas prácticas policiales y militares, alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural, cruzaron una frontera que, hasta hace unos años, parecía impensable y, en la actualidad, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.
La organización señaló que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por “el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo”.
Provea indicó que, en la última década, ha documentado 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal. La organización dijo que tanto Nicolás Maduro y sus corporaciones policiales y militares “asfixiaron el derecho a la libertad personal, arrestando arbitrariamente a 53.075 personas” por razones políticas en el marco de acciones ilegales y/o militares.
En diálogo con el portal argentino, Infobae, el abogado y activista Marino Alvarado -coordinador de investigación de Provea- explicó que es “imposible” saber con precisión cuántas personas han sido condenadas y cuántos casos de asesinatos han sido llevados a un tribunal porque “no hay posibilidad de acceder a los expedientes y la justicia venezolana no es trasparente informando el estado de los procesos judiciales”.
“En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas”, advirtió Alvarado.
Además, Provea señaló que en los últimos 10 años “(Nicolás) Maduro contribuyó a convertir el sistema de justicia en una máquina para perpetuar la impunidad”.
“Cientos de trabajadores que luchan por salarios y contratos colectivos están en la mira de la represión”, cuestionan.
De acuerdo con datos documentados por la organización, 250 trabajadores y dirigentes sindicales han sido detenidos y/o judicializados durante este gobierno.
La ONG también hace referencia a la explotación minera que ocurre en el Arco Minero del Orinoco: “Maduro no responde a los relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas (ONU) quienes han enviado trece preguntas sobre la situación de la población migrante, en particular de aquella que se ha dirigido hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO)”.
“Los relatores de la ONU están preocupados por los asesinatos, los secuestros, los tratos crueles, las torturas, la esclavitud, la trata, la violencia sexual y de género, el derecho a la salud y más”, advierte Provea.
Investigación en la Corte Penal Internacional
Maduro cumplió este viernes 10 años de haber sido elegido presidente de Venezuela, una década marcada por cuestionamientos a su legitimidad, denuncias de violaciones a los derechos humanos y una reciente recuperación de la economía luego de años de crisis, indicó el diario El Nacional.
El mandatario ganó las elecciones en 2013 con una diferencia de menos de 1% en los votos, un resultado que abrió la puerta a la primera crisis de legitimidad, pues la oposición no aceptó su proclamación como presidente.
Maduro logró reelegirse en mayo de 2018, en los comicios presidenciales de más baja participación, prácticamente sin oposición y con un amplio cuestionamiento internacional.
En 2021, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, un proceso que se encuentra en suspenso.
El próximo 20 de abril vence el plazo para que las autoridades venezolanas ejerzan su derecho a réplica ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI).
Alvarado explicó a Infobae cuáles han sido los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013. “Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jóvenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, indicó y añadió fue entonces que comenzó “la institucionalización de los asesinatos por parte del Estado” debido a que “quedó evidenciado que las ejecuciones no eran casos aislados sino que constituían una política de Estado”.
“Después estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas, porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Pero no quiere decir que todos fueron asesinados por policías o militares porque también hubo una participación de colectivos (grupos paramilitares afines al chavismo)”, concluyó.
