La Misión de Naciones Unidas para Venezuela acusó este martes al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela ha publicado un informe de 158 páginas en el que describe serias violaciones a los derechos humanos, cometidas por organismos de seguridad y grupos civiles armados contra la población en el contexto de una oleada represiva tras la celebración de los comicios, cuyos resultados son disputados por la oposición y la comunidad internacional.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, detalla que se cometieron asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y de género.
Pese a que la Misión de la ONU para Venezuela ya ha hecho este tipo de señalamientos en el pasado, es la primera vez que apunta a una ampliación del perfil de las víctimas, que en esta ocasión -según señala- incluyó no solo a opositores y disidentes, sino a población en general, entre la que se incluyen niños, niñas y adolescentes.
El documento indica:
Tras el anuncio de los resultados electorales, las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Las detenciones, con cifras reportadas por las propias autoridades, se contaron por miles, llegando a números solo comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019
Según la ONU, las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes. Además, señala como responsables al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mandato de la misión fue prorrogado el pasado 11 de octubre por dos años más, con 23 votos a favor, 18 abstenciones y seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Participación del Estado en pleno
Pero la Misión de la ONU no solo señala a los organismos y cuerpos de seguridad de implementar políticas represivas y violatorias de derechos humanos. También apunta a las máximas autoridades del Estado:
Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia
También indica que instancias del Estado participaron de manera activa en estas acciones, que buscaban acallar a la disidencia y sofocar el descontento tras el anuncio de resultados electorales.
El informe señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; el Parlamento venezolano -la Asamblea Nacional- cumplió un papel que fue “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”; y finalmente, el sistema de justicia, o Poder Judicial, que continuó actuando de manera sesgada y “siguió operando con falta de independencia”.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.
Según datos de la ONG local de derechos humanos Foro Penal, el número de “presos políticos” en Venezuela llegó a 1.916 a nivel nacional. Setenta de los detenidos tienen entre 14 y 17 años.
Desde el 29 de julio, un día después de las elecciones, 1.784 personas han sido detenidas en Venezuela, según Foro Penal, que podrían enfrentar cargos de “terrorismo” o “incitación al odio” y entre 10 y 30 años de prisión.
Detenciones, amenazas y muertes
El informe también documenta las circunstancias en las cuales se cometieron cientos de detenciones consideradas arbitrarias, así como la desaparición forzada de estas personas sin que sus abogados o familiares conocieran durante días o semanas su paradero o centro de detención. También se acusa al gobierno de dirigir campañas de intimidación y persecución a la disidencia, y contra civiles por participar en actos de la oposición.
La misión, que es presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y que también integran el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, destaca que las campañas contra la disidencia “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”.
Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad “acusados de graves delitos como terrorismo”, detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.
Además, se detalla que ocurrieron al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales. Al menos ocho de estos incidentes ocurrieron durante manifestaciones, en las que las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.
También se denunciaron numerosos casos de torturas y de violencia sexual. Estos últimos no sólo contra detenidos sino también mujeres y niñas, que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares. Las torturas incluyeron “puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño”, precisa el documento.
