La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos -dirigida por Michelle Bachelet- destacó los progresos en la investigación sobre los “falsos positivos” en Colombia.

Esto luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comunicará que sus indagatorias determinaron que al menos 6.402 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008. Siendo que previamente se había informados de 2 mil casos, una cifra muy lejana a la comunicada el día de ayer.

La portavoz de la oficina, Liz Throssell, explicó en Ginebra que la noticia sirve para destacar la importante labor que han realizado los grupos de víctimas y las ONG luchando contra la impunidad en estos casos y obtener justicia.

“Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”, destacó la vocera quien también celebró la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para “imputar al ex Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes”.

Throssell destacó que la JEP está “tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad” que servirán para que el país sudamericano “aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones”

En ese sentido, reiteró que la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas “es esencial para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”.

El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla Farc, encontró que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Aunque el alto mando castrense de Colombia siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.

Hasta el año pasado, el Ministerio Público había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.