El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó este martes un informe en el que muestra su preocupación por la “expansión continua” de grupos armados no estatales en Colombia y en el que celebra otros avances como el compromiso del gobierno con los Derechos Humanos.
“Preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido”, declaró Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado, en un comunicado.
“Esta presentación celebra el enfoque de Derechos Humanos de este gobierno, su apertura a los temas de Derechos Humanos y su compromiso con la garantía de los Derechos Humanos, lo que ha resultado en varias reformas importantes e impactos positivos”, añadió.
Asimismo, se recomendó llevar a cabo una mejor articulación entre la política de paz total, de desmantelamiento y la de seguridad humana, así como aumentar la cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para proteger a la población.
Según el informe, en los primeros seis meses de 2023 se ha registrado una disminución del 19 por ciento de casos verificados de homicidios de defensores de los Derechos Humanos en comparación con el anterior periodo, y admite que los 43 homicidios siguen siendo una cifra alta a pesar de que se haya logrado identificar a los perpetradores en más del 50 por ciento de casos.
El departamento de Cauca es la excepción, donde este tipo de casos han aumentado, mientras que en Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca también se han mantenido unos números “muy altos”.
Respecto a los desplazamientos de población, se ha registrado una disminución del 33 por ciento respecto al anterior periodo.
Sin embargo, el número de masacres verificadas ha aumentado en un 11 por ciento respecto al segundo semestre de 2022 con 52 registradas, cuyos autores suelen ser grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Peligros a la infancia, control social y asesinato de líderes locales
Otra de las grandes preocupaciones expresadas por las comunidades son el reclutamiento infantil por parte de actores armados no estatales, práctica que se ve potenciada por la desprotección de la infancia debido a “la inseguridad alimentaria, la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto”.
Los grupos armados suelen establecer pautas de control social en las regiones donde actúan, restringiendo derechos y sometiendo a los civiles a su control y desarticular organizaciones de la sociedad civil, muchas veces de forma agresiva.
Durante el primer semestre de este año, la oficina ha sido informada sobre 18 homicidios y una desaparición forzada de líderes políticos locales, entre los que hay dos mujeres, un afrodescendiente, dos indígenas y siete campesinos.
El informe también ha recogido 42 casos de violencia sexual y basada en género en el marco del conflicto, de los que 27 han sido verificados y entre los que hay denuncias de explotación sexual de niñas y adolescentes. El Alto Comisionado también expresó su preocupación por el aumento de amenazas y de extorsión contra las personas y comunidades más vulnerables.
Aumentar la seguridad en poblaciones vulnerables
La oficina instó a todos los grupos armados a “respetar la vida, a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos y demostrar genuinamente su compromiso con la paz respetando a la población civil”.
En ese sentido, opinaron que el gobierno puede superar estos retos y pidieron reforzar el control territorial del Estado a medida que avanzan las negociaciones.
“Nos preocupa que las poblaciones locales continúan sintiendo el abandono estatal. Y que las organizaciones sociales, territoriales de base y autoridades étnicas se sientan tan presionadas por los grupos armados no estatales. Es urgente, reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales”, manifestó De Rivero.
En ese sentido, valoró positivamente la iniciativa de Planes Territoriales para la Paz del Ministerio de Interior, y ha pedido proteger los movimientos organizativos territoriales que han servido para preservar “la vida, la democracia, la paz, la dignidad, el territorio, los Derechos Humanos y el medio ambiente durante generaciones” frente a la debilidad estatal en las zonas más afectadas.
Esta protección es necesaria debido a las cada vez más agresivas estrategias de estos grupos, especialmente contra comunidades indígenas. En ese sentido, el Alto Comisionado observó tres rutas de acción posibles, que consisten en proteger, garantizar y reparar derechos.
