Organizaciones sociales y sindicales retoman manifestaciones contra el Congreso y el gobierno en Perú

Tras un receso de cerca de dos semanas, una serie de federaciones y organizaciones regionales peruanas anunciaron que llevarán a cabo protestas contra el gobierno y el Congreso a partir de este miércoles. Así, diversas agrupaciones sociales de la macrorregión sur se reunieron la semana pasada en Arequipa y decidieron reiniciar “la huelga indefinida” a partir del 4 de enero en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.

Entre los puntos centrales de movilización se encuentra el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y la exigencia de convocar a una Asamblea Constituyente. Además, consideraron la posibilidad de “un viaje masivo a Lima” como parte de su jornada de protesta, aunque no se definió una fecha para ello.

Por su parte, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronunció en contra del gobierno y del Congreso; además, rechazó las declaraciones del ministro de Trabajo sobre la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización. En ese sentido, la organización sindical exigió “respetar los derechos de la clase trabajadora” y convocó a un paro nacional para los próximos días.

En la región de Junín, los comités de lucha de las provincias de Pichanaqui y Sangani acordaron sumarse al paro nacional del miércoles. Asimismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló que sus organizaciones se encuentran “en movilización permanente” y demandaron la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

A su vez, en la región de Loreto, los pueblos y comunidades de la Amazonía norte indicaron en un pronunciamiento que retomarán la “movilización indefinida” desde el 4 de enero, “de acuerdo a nuestros usos y costumbres”, y rechazaron la presencia de la presidenta en la provincia del Datem del Marañón.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, se desplazó el domingo a Arequipa y Puno para coordinar acciones con los respectivos jefes policiales, autoridades y representantes del Ministerio Público.

Así, se reunió con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Ciro Alejo. Durante la reunión, se articularon “las medidas legales que se podrían requerir ante posibles acciones de violencia” durante las movilizaciones.

Por la tarde, Rojas llegó a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, donde se reunió con el jefe de la X Macrorregión Policial de Puno, general Carlos Bravo, con representantes de la fiscalía y de la Municipalidad Provincial de esa jurisdicción para “fortalecer las acciones de prevención frente a eventuales protestas”.

Los regidores de dicha municipalidad “se comprometieron a tener una gestión proactiva y expresaron su disposición a trabajar con la policía de forma articulada, en bien de la seguridad ciudadana, especialmente ante las marchas de este 4 de enero”.

Pese a estos llamados, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo en una entrevista con RPP Noticias el sábado que, tras la declaratoria del estado de emergencia nacional, se vivía una situación de “tranquilidad” en el país, tras las protestas contra el gobierno y el Congreso registradas las semanas previas en diversas regiones.

“El tránsito ya está normal en todo el país y creo que restablecer el orden interno, que era una de las tareas que se me asignaron en el momento, fue una tarea que se cumplió (…) El derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad es un derecho de carácter colectivo que se ha restablecido en el Perú. Y ahora nos vamos a dedicar a gobernar y a tomar decisiones”, señaló.