Un día después de que el Ejecutivo boliviano informara sobre el cierre del año escolar para todos los cursos en colegios públicos y privados, las dudas y la incertidumbre se instalaron entre los docentes, apoderados y estudiantes ante la sorpresiva medida que buscaría evitar contagios por Covid-19.
“Nosotros vamos a seguir dando clases. La decisión del gobierno es política y sin coordinación con los actores de la educación. El 31 de julio, cerca de 36 mil profesores de colegios privados quedamos cesantes y 360 mil alumnos quedarán sin nada para los próximos seis meses. Hay rabia e impotencia; por la pandemia a muchos les han descontado tres meses de sueldo y a otros nos han reducido el 30% del pago, pero tenemos que seguir”, señala a La Tercera Alain Rivero, coordinador de la plataforma de profesores de Colegios Particulares de Bolivia.
El 12 de marzo las clases presenciales en Bolivia fueron suspendidas por el virus, que tiene 80.153 contagiados y 3.153 fallecidos en el país. Desde ese día, los centros educacionales comenzaron a adecuarse a los nuevos escenarios, enfrentando dificultades técnicas, especialmente en zonas rurales que no tienen acceso a internet.
A menos de un mes desde que el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, presentara el Decreto Supremo 4260 dando los primeros lineamientos oficiales sobre la educación virtual, el Ejecutivo transitorio ordenó el domingo a los colegios que todos los alumnos sean promovidos al siguiente curso sin repitentes.
Inicialmente, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que la decisión se debió al “lamentable retraso tecnológico”, y que durante este tiempo se dedicarán a “ampliar la red de fibra óptica, señal satelital, internet, dotación de equipos y suscripción de acuerdos para el acceso a la red”.
Pero horas más tarde, la mandataria interina, Jeanine Áñez, señaló que la orden se tomó “por una sola razón: cuidar la salud y las vidas de nuestros niños y jóvenes” ante posibles contagios.
Ante la negativa de los sindicatos de profesores y apoderados que acusan “un fracaso” del plan de aula virtual debido al impacto que tendrá la decisión en la educación y en el posible cierre de colegios privados ante el no pago de mensualidades dada la suspensión de clases, a lo que se sumó una queja de la Unicef, el titular de Educación rectificó este lunes que la clausura del año escolar es “solo en términos académicos y administrativos”, ya que continuarán las clases online con el apoyo del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura.
“Los alumnos de colegios rurales no tienen ninguna posibilidad de retomar. Para todos los estudiantes es un perjuicio, porque estamos recién a mitad del año escolar y tener un año y medio de materias el próximo año va a ser bastante difícil. Se podría haber tomado otras medidas para no tirar todo el año por la borda”, dijo a La Tercera Pablo Miller, docente boliviano desde hace 30 años.
Según el diario El Deber, una de las ideas es fortalecer la educación radial y televisiva, además de reforzar la distribución de material impreso en los sectores más alejados.
Sin embargo, una serie de disyuntivas sigue abierta. El gobierno confirmó que seguirán pagando los sueldos a los profesores fiscales, pero no ahondó en lo que ocurrirá con el sector privado. “Si ahora los colegios no pueden pagar el sueldo a un profesor, qué pasará cuándo tengan que dar finiquitos. En Santa Cruz ya han cerrado cuatro colegios porque si los padres no pagan, el colegio no paga. Esto va a provocar el cierre de instituciones y hará que más de 20 mil alumnos busquen plazas en colegios fiscales repletos. Solo gobiernos dictatoriales han clausurado un año escolar”, advierte Rivero.
De acuerdo con el diario Página Siete, los cierres escolares y universitarios se dieron en gobiernos de facto en 1968, 1971, 1974, 1979 y 1980.
