El Ministerio Público de Panamá inició una investigación ante los informes sobre acusaciones de abusos contra menores en varios albergues que están bajo la supervisión estatal, informó el viernes la institución.
Las indagaciones comenzaron en el Departamento de Familia de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público panameño, en respuesta a la divulgación de un informe legislativo que señaló que decenas de menores recluidos en Centros de Protección —albergues— sufrieron abusos por parte de sus cuidadores.
Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su profunda preocupación por las recientes denuncias de abusos contra menores en varios albergues administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá.
Asimismo, la organización internacional emplazó a las autoridades pertinentes a investigar con prontitud las denuncias, a fin de determinar los hechos y las responsabilidades que corresponda, y teniendo como prioridad la atención de las víctimas del delito y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental.
Los Centros de Protección dan cobijo a casi mil menores en Panamá, los que provienen de familias en riesgo social o estados de orfandad y que han sido llevados por el Estado a estos sitios para su cuidado.
El informe de las parlamentarias
Las acusaciones de abusos a menores fueron plasmadas en un informe de 400 páginas que elaboraron parlamentarias de la Asamblea Nacional de Diputados. El mismo señala que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, y maltratados física y psicológicamente por sus cuidadores durante los últimos años. Esto, en al menos una decena de albergues en Panamá.
La parlamentaria que preside la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, Zulay Rodríguez, indicó que el próximo lunes próximo llevará el informe ante el Ministerio Público y que sustentarán una denuncia penal.
El documento de las diputadas panameñas fue elaborado a partir de un recorrido de casi medio año en diferentes albergues para menores. Los lugares indagados incluyeron la capital e interior del país. Finalmente, mediante transcripciones de entrevistas y material audiovisual plasmaron la situación de los menores en esos centros.
En el informe colaboraron especialistas en psicología, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros, quienes realizaron entrevistas a los menores, peritajes y tomaron fotografías de las condiciones en que viven.
La Defensoría del Pueblo de Panamá, por su parte, instó a las autoridades a “tomar acciones para fortalecer los sistemas de albergues de niñas, niños y adolescentes de modo que sus derechos fundamentales no sean violentados”.
La organización estatal a cargo de los menores señaló estar dispuesta a tomar las medidas administrativas legislativas y judiciales que sean necesarias.
