El papa Francisco dio indicaciones claras para salir de un desastroso negocio inmobiliario en Londres al decir que el Vaticano debía “empezar de nuevo y perder el menor dinero posible”, una estrategia de salida que finalmente implicó pagarle a un intermediario 15 millones de euros, según declaró este jueves ante un tribunal el tercer funcionario de mayor rango de la Santa Sede.
El arzobispo Edgar Peña Parra, el “sustituto” en la secretaría de Estado, fue el testigo de más alto rango en ser interrogado por los abogados defensores de 10 personas que están siendo enjuiciadas por presuntos delitos financieros relacionados con el inmueble de Londres y negocios conexos. La defensa estaba sumamente interesada en contar con su testimonio, dado que supervisó la fase final del acuerdo de Londres en 2018-2019, así como las negociaciones con el corredor, Gianluigi Torzi.
Los fiscales han acusado a Torzi de extorsionar a la Santa Sede por los 15 millones de euros a cambio de la propiedad del edificio, cargos que él rechaza. Los otros nueve acusados han negado igualmente haber cometido delito alguno.
El centro del caso de Londres reside en el paso de la propiedad del inmueble londinense al fondo Gutt SA de Torzi a finales de 2018, después de que el Vaticano decidiera salir prematuramente de otro fondo que había invertido en ella.
Peña Parra acusó a Torzi de engañar al Vaticano, pero también identificó a su otrora adjunto, el arzobispo Alberto Perlasca, de haber entrado en el acuerdo con Torzi sin ninguna aprobación ni autoridad para firmar contratos.
Para cuando Peña Parra se enteró por primera vez del acuerdo el 22 de noviembre de 2018, Perlasca ya había firmado los contratos que le daban a Torzi el control de la propiedad en forma de las 1.000 acciones con derecho a voto en Gutt, mientras que el Vaticano tenía 30.000 acciones sin derecho a voto. El abogado contratado por Perlasca aseguró a la Santa Sede que el acuerdo era en su interés, pero resultó que el abogado tenía vínculos con Torzi, dijo Peña Parra.
