El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) anunció hoy que pedirá a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, investigar al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, al que acusa de mantener una conducta "de odio" contra los venezolanos en ese país.
"Este partido, la dirección internacional, tiene que dirigir una comunicación a la señora Bachelet para que se abra una investigación al señor Lenin Moreno por estos ataques al pueblo de Venezuela en su territorio", dijo en rueda de prensa el primer vicepresidente de la formación, Diosdado Cabello.
El partido de Maduro consideró que estos ataques constituyen una "violación a los derechos humanos" de los venezolanos en Ecuador, y consideró como "muy irresponsable que un jefe de Estado caiga en ese nivel y promueva el odio".
"(Expresamos) una condena absoluta a la conducta irrespetuosa de odio, generadora de odio, de xenofobia, hacia el pueblo de Venezuela de parte de quien hoy ejerce la Presidencia del Ecuador", añadió Cabello.
El caso
El femicidio protagonizado el pasado sábado por un venezolano contra una ecuatoriana, en la ciudad andina de Ibarra, ha desatado el temor a una oleada xenófoba en el país, donde organismos de migrantes denunciaron este lunes 82 agresiones a ciudadanos de Venezuela en las últimas horas.
El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó a primeras horas de hoy ante rumores -ya desmentidos por la Policía-, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra.
Y aunque la Policía aseguró que "no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados", el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenofóbicas en distintas ciudades de Ecuador.
"Estas noticias sobre muertos y heridos son falsas. La ciudad está en calma", aseguró en Twitter la ministra del Interior, María Paula Romo, en referencia a Ibarra (norte), que hoy velaba el cuerpo de Diana Carolina.
El asesinato a cuchilladas, ante varios agentes de la policía, de esa madre de dos menores de edad y que estaba embarazada, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos a la presencia de venezolanos en Ibarra, un repudio que, según Febres Cordero, se replicó en otras ciudades.
Y mientras las autoridades pedían mesura y no caer en generalizaciones, la incertidumbre sobre la situación de los venezolanos se acentuó ante la decisión del Ejecutivo de exigirles a partir de ahora un certificado apostillado de antecedentes penales.
Una demanda que es "casi imposible" de tramitar en Venezuela pues podrían esperar "no menos de seis meses" en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), Daniel Regalado.
El activista mostró su preocupación por la situación "de embudo" que se va a formar en la frontera con Colombia porque quienes llegan a Ecuador para establecerse, o en tránsito, "no van a tener la posibilidad" de obtener el certificado.
Al anunciar hoy este nuevo requisito, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, alertó contra las generalizaciones por el hecho de que el agresor (ahora detenido) sea extranjero y solicitó a sus conciudadanos actuar con los demás como quisieran que actúen con ellos.
Tras el asesinato de la mujer, el presidente Moreno señaló en un comunicado que no sacrificará "la seguridad de nadie", mientras que su Gobierno ya anunció que pedirá el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a Ecuador.
