Cuando España gira en las principales preocupaciones de la ciudadanía hacia la inmigración, el debate también se toma la política del país europeo. Y este miércoles, la discusión la lideró el propio jefe de gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió la idea de España como una nación emigrante, pero también la imprescindibilidad de la llegada de extranjeros en términos económicos y demográficos.
En su discurso en el Parlamento, el líder socialista aseguró que “los españoles somos hijos de la inmigración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos”.
En un comunicado, la administración socialista dijo estar dispuesta a “crear nuevos acuerdos de movilidad laboral” con el fin de amainar “los discursos de odio, especialmente los dirigidos a menores migrantes”.
Concretamente, la propuesta de Sánchez plantea un “plan de integración y convivencia intercultural” que incluye a todo el país, abarcando zonas más impactadas por el fenómeno migratorio, con el fin de evitar “los errores cometidos por otros países”, dijo este miércoles.
Periódico en mano, defendió su postura incluso con un titular de un periódico venezolano de 1949, cuando España vivía bajo la dictadura de Francisco Franco (1936-1975) y se detallaba la terrible llegada de miles de inmigrantes de Canarias, ciudad ibérica, al país sudamericano, huyendo del franquismo y el hambre, detalló El País.
La mención no es baladí. El lunes, informó El Mundo, Sánchez recibió en La Moncloa a representantes de ONG de migraciones para hablar de la crisis migratoria que afecta especialmente a Canarias. Cifras oficiales indican que, si la proyección actual se mantiene, el archipiélago podría superar este año el anterior récord de 39.910 ingresos irregulares alcanzado en 2023, y escalar a las 50.000, consignó Europa Press.
El objetivo de la reunión también era tratar las dificultades para alcanzar un acuerdo entre su tienda política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo. De hecho, las diferencias entre ambos llevaron a la caída de las negociaciones para cambiar la Ley de Extranjería.
Es más, la comparecencia del jefe de gobierno ante el Congreso respondía a una solicitud del PP para que el socialista informe “de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España y que afecta a la Unión Europea, así como para informar de las medidas que va a adoptar el gobierno para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse una auténtica política de Estado en materia migratoria; y para dar cuenta de las actuaciones del gobierno ante el impacto de la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, implementar para evitar la saturación de los servicios públicos”.
La preocupación de Sánchez y compañía remite a la “inquietud” por la proliferación de los discursos de odio, lo que intentó abarcar en su intervención del miércoles. Ese endurecimiento en la retórica se ha visto, por ejemplo, en el gobierno valenciano dirigido por el PP, el que este martes se plegó al partido de extrema derecha Vox, y solicitó la entrega de pruebas de edad a menores migrantes que llegaron a la Comunidad Valenciana como parte de una redistribución a los que Canarias no puede acoger, consignó El Mundo.
Eso sí, añadió el periódico español, la decisión también responde a fines políticos: el avance de la legislatura del PP depende de los apoyos de Vox al presupuesto 2025, y la política migratoria será la que defina la posición del partido de la derecha tradicional en la región.
Pero la discusión parece necesaria para la población, según se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, difundida este martes. En ella, el 57% de los consultados, más de la mitad, cree que hay “demasiados” inmigrantes en España, mientras que el 75% los asocia a conceptos negativos. Pero un dato interesante contrasta con esto último: cuando fueron consultados por la experiencia personal con ellos, los votantes de los partidos de todo el espectro político la juzgan como positiva.
Cuando se trata del nivel de prioridad, este sondeo posicionó a la migración en el quinto lugar, con el 40,9%, señalando que les preocupa mucho. La lista quedó liderada por la inflación y costo de la vida (60,4%); el costo de la vivienda (54,2%); desigualdades sociales y pobreza (43,2%); y el desempleo (41%).
Distinto fue el resultado de Ipsos, encuestadora cuya medición publicada a inicios de octubre posicionó en tercer lugar la preocupación por la inmigración, un máximo histórico del ítem en la firma.
Con esto como contexto, Sánchez planteó este miércoles que “España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o cerrado y pobre”, abriendo la puerta del país europeo a facilitar la instalación de migrantes, a contrapelo de lo que el continente parece estar haciendo, ponderó el periódico británico The Guardian.
Como ejemplos, el medio citó a Alemania, que el mes pasado reintrodujo controles en sus fronteras terrestres para “protegerse contra los graves peligros que plantean el terrorismo islamista y los delitos graves”, argumentaron. También ocurrió en Francia, donde el primer ministro, Michel Barnier, señaló que los niveles de inmigración eran “a menudo insoportables”. En tanto, Suecia y Finlandia ya anunciaron que aplicarán nuevas medidas antiinmigración, e Italia es acusada de obviar los derechos humanos de los migrantes al negociar con líderes de Libia y Túnez para reducir la llegada de personas al país.
La propuesta de Sánchez
A sabiendas de lo que se venía, y con la reunión con ONG fresca en la memoria, el jefe de gobierno desplegó una serie de premisas que sostenían su postura. Por ejemplo, planteó que seguir la dinámica antiinmigración que gana fuerza en Europa sería un suicidio demográfico.
“A partir de 2025, la población europea irá reduciéndose. En los próximos años, Europa perderá 30 millones de personas en edad de trabajar. Más de la mitad de las empresas españolas tienen problemas para cubrir su necesidad de mano de obra. Y para combatirlo solo contamos con dos herramientas: nacimientos y migraciones. Hacemos todo lo posible para mejorar la natalidad, con permisos de paternidad ampliados, hemos subido el salario mínimo, estamos haciendo política de vivienda”, indicó.
En la línea de las propuestas, el político socialista señaló que buscarán “un acuerdo para una nueva ley de familias que ampliará derechos. Pero no nos engañemos. No es realista pensar que España va a recuperar la tasa de 2,1 hijos por mujer que dejamos atrás en 1980. Ningún país desarrollado del mundo lo ha logrado. Muchos jóvenes no tienen hijos porque no quieren. Debemos aprender a respetar eso. Por eso la inmigración no es solo cuestión de humanidad, que ya bastaría. Es necesaria para nuestra economía y prosperidad”.
Bajo una mirada más política, añadió que “Vox y el PP dicen que los inmigrantes vienen a vaguear y acaparar subsidios. La realidad es que los inmigrantes tienen una tasa de actividad 4 puntos superior a los nacionales. Aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social. Y usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España”.
Las cifras lanzadas fueron respaldadas por un estudio publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), consignó El País, el que planteó que, en términos generales, la migración no es perjudicial ni para trabajadores locales ni para la sobrecarga de los servicios públicos.
Raquel Carrasco, profesora en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora de Fedea, dijo al citado medio que “a pesar del aumento en la visibilidad mediática y el debate público, el análisis sugiere que muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones erróneas y desinformación”.
Además, señaló que “si bien la inmigración ha aumentado significativamente en las últimas décadas, sus efectos reales en el mercado laboral y otros aspectos sociales son menos alarmantes de lo que a menudo se percibe”.
Sobre el uso de servicios públicos, el estudio sostiene que se da una utilización “similar a la de los nativos en los mismos grupos de edad. No existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de visitas a médicos de familia ni en las estancias hospitalarias entre inmigrantes y nativos en España”. Al contrario, cuando se centra la mirada en el acceso a especialistas, la cifra disminuye considerablemente en migrantes. Distinto es en urgencias, donde es mayor.
