Después de casi ocho meses desde su derrota electoral, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se enfrenta a la posibilidad de ser declarado inelegible. A partir de este jueves, comparece ante la justicia en un proceso crucial que podría truncar sus deseos de revancha, no solo para 2026, sino que incluso 2030.
El exjefe de Estado es acusado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) debido a sus ataques al sistema de justicia electoral y sus críticas sin fundamentos sobre la fiabilidad del voto electrónico, realizadas unos meses antes de las elecciones que su rival de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó.
En una entrevista, el antecesor de Lula señaló: “No entremos en pánico con el resultado que venga, aunque obviamente no quiero perder derechos políticos, puesto que quiero seguir aportando a mi país”. Aún mostrándose tranquilo, indicó que su equipo legal reconoce que “los indicativos no son buenos”.
Durante un discurso en julio de 2022 en el palacio presidencial, Bolsonaro expresó su intención de “corregir deficiencias” en el sistema electoral y solicitó “transparencia” en el proceso de votación. Acompañando su discurso con una presentación en PowerPoint transmitida en vivo por la televisión pública, afirmó: “Tenemos tiempo para resolver este problema, con la participación de las Fuerzas Armadas”.
Estas declaraciones podrían resultar en que el político de 68 años sea declarado “inelegible” para ocupar cargos públicos durante ocho años. La fiscalía lo acusa de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación”. El líder de extrema derecha atacó el sistema de voto electrónico sin presentar pruebas concretas, a pesar de que en Brasil se ha utilizado este sistema durante más de 20 años.
A lo largo de su campaña, Bolsonaro avivó el temor al fraude electoral, lo cual enardeció a sus seguidores más radicales, quienes el 8 de enero pasado, tan solo unos días después de que Lula asumiera el cargo, atacaron las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia. Estas escenas de disturbios y vandalismo en el corazón de la democracia brasileña conmocionaron al mundo.
En caso de que el tribunal no emita su decisión este jueves, lo cual parece probable, las deliberaciones podrían continuar los días 27 y 29 de junio, e incluso más adelante. Sin embargo, entre bastidores surge el temor de que alguno de los siete jueces que conforman la corte, en especial Kassio Nunes Marques -designado por Bolsonaro-, solicite más tiempo para analizar el caso.
En tal escenario, la votación en el seno del TSE se aplazaría otros 30 días, pero al estar de vacaciones al cumplirse ese plazo, la siguiente reunión no tendría lugar hasta el 22 de agosto. Aun así, se podría solicitar otra prórroga de 30 días más, pero ya requeriría del aval del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes.
No obstante, lo más probable es que cuando Nunes Marques tenga su turno de palabra, la suerte de Bolsonaro esté ya echada. Tanto el expresidente brasileño como su círculo más cercano dan por sentado que la votación se cerrará con un incontestable 6 a 1 en su contra, señala Europa Press.
A pesar de que saliera airoso en esta ocasión, el escenario que tiene ante sí Bolsonaro no es nada esperanzador, pues el TSE tiene en sus cajones otras 16 demandas contra él que podrían certificar su inhabilitación.
En tanto, una iniciativa de parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil le entregó una carta al Tribunal Superior Electoral, firmada por cerca de 150 mil personas, pidiendo la inhabilitación de Bolsonaro.
Además de los problemas electorales, Bolsonaro se enfrenta a cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), algunas de las cuales podrían resultar en penas de prisión. Cuatro de ellas fueron iniciadas durante su presidencia (2019-2022), mientras que la última lo indaga como presunto instigador del asalto a las sedes de los tres poderes por parte de sus seguidores el 8 de enero pasado en Brasilia.
En uno de los casos, Bolsonaro es acusado de interferir en asuntos policiales para proteger a familiares sospechosos de corrupción. Además, se encuentra bajo investigación en otro caso aparte del TSE por difundir información falsa sobre las urnas electrónicas.
Las otras dos investigaciones se relacionan con la filtración de información confidencial sobre un ataque cibernético al tribunal electoral y por sus declaraciones sobre la pandemia de Covid-19, donde asoció la vacuna con un supuesto riesgo de contraer el VIH.
Sin gozar de fueros especiales después de dejar la presidencia, también enfrenta procesos judiciales en primera instancia. Entre ellos, se le acusa de “subversión al orden” por su participación en manifestaciones con consignas antidemocráticas el 7 de septiembre de 2021.
Bolsonaro también está siendo objeto de una investigación por parte de la Policía Federal (PF) debido a un conjunto de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de manera irregular en 2019. En caso de ser condenado de manera definitiva y recibir las penas máximas por todos los delitos, el expresidente podría enfrentar casi 40 años de prisión.
En el caso de que el TSE confirme su descalificación para las próximas elecciones, incluyendo las presidenciales de 2026 y las locales de 2024 y 2028, sería la primera vez que un expresidente brasileño pierda sus derechos electorales por decisión de este tribunal, ya que anteriormente esto había sido decidido por el Senado u otros tribunales.
Fernando Collor de Mello, tras dos años de mandato, fue inhabilitado hasta el año 2000 por corrupción pasiva después de un juicio político en el Senado. La expresidenta Dilma Rousseff fue destituida de su cargo en 2016, pero mantuvo sus derechos políticos intactos. Por su parte, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también fue inhabilitado y encarcelado en el pasado, pero el Tribunal Supremo rehabilitó sus derechos políticos y le permitió presentarse en las últimas elecciones.
