En nombre del presidente argentino, Javier Milei, su ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó este miércoles por la tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que propone amplios cambios sobre el sistema tributario, la ley electoral y la gestión de la deuda pública del país, además de declarar la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa, firmada por Milei, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo, consta de 351 páginas. En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el mandatario firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el plazo máximo de dos años, es decir, hasta la finalización del mandato del libertario.
El proyecto de ley tiene 664 artículos que van desde permitir la privatización de 41 empresas públicas, hasta la eliminación de la votación primaria presidencial y la introducción de un impuesto del 15% sobre la mayoría de las exportaciones.
Entre las reformas más controvertidas se encuentra un llamado a ceder parte del poder legislativo a la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2025, con la opción de extenderlo por dos años más, señala Reuters.
Asimismo, los cambios al sistema de representación proporcional de Argentina aumentarían el número de legisladores en cada distrito a uno por cada 180.000 habitantes, desde uno por cada 161.000 habitantes. Esto daría más poder a la superpoblada provincia de Buenos Aires en la Cámara baja del Congreso, según una nota a clientes de la consultora 1816.
Con este nuevo paradigma electoral Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara Baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento, comenta el diario La Nación.
Despido de empleados no reconvertidos
Según el periódico porteño, otro punto polémico -que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos- es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Si bien el Poder Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, el proyecto no indica cuál sería la periodicidad. Además, el gobierno pretende que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
En materia laboral, el gobierno podrá despedir empleados públicos cuyos cargos fueran suprimidos si en el lapso de un año no se reconvierten. Esa será una de las principales funciones que tendrá el Fondo de Reconversión Laboral dispuesto en el proyecto de ley ómnibus que fue enviado el miércoles al Congreso y que modifica la Ley de Empleo Público, apunta el diario Clarín.
“Cumplido el período indicado de doce (12) meses, los agentes que no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”, señala uno de los artículos.
Otra modificación clave del proyecto, señala Clarín, es la declaración de la emergencia pública para reorganizar la administración pública nacional, lo que permitirá al gobierno centralizar, fusionar, transformarlos, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por ley, así como transferir a las provincias, y redistribuir sus bienes y fondos.
La delegación de facultades al Ejecutivo lo habilitará para “intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales”. Hoy, existen 76 organismos descentralizados, donde revisten 150.000 empleados del sector público nacional, la mayor dotación de una planta total de 342.000, añade el periódico.
Según La Nación, la primera víctima de esta reorganización es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): en el proyecto el gobierno propone lisa y llanamente su eliminación.
Penas más graves para cortes de calles
En materia de seguridad, una de las que generó más controversias fue la cláusula que establece que si tres personas se quieren reunir para hacer un reclamo, deben pedirle permiso al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación. Si se aprueba la “ley ómnibus”, la cartera que hoy maneja Patricia Bullrich será la encargada de autorizar o rechazar las convocatorias y también modificar horarios, lugares y recorridos.
El proyecto establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
La iniciativa del gobierno es tan amplia, que incluso incorpora cambios en el sistema educativo, destaca La Nación. Así, se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio se comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
Al respecto, el proyecto modifica los criterios para el financiamiento de las universidades y cambia los requisitos de ingreso, golpeando directamente uno de los principios rectores de la educación pública argentina: su gratuidad.
El proyecto de ley del Ejecutivo plantea varias modificaciones a la Ley de Educación Superior (24.521). El texto hasta ahora vigente garantizaba la gratuidad de los estudios de grado en las universidades de gestión estatal, mientras que en la reforma de Milei quedan excluidos de esa gratuidad los extranjeros no residentes.
“Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para los estudiantes extranjeros no residentes, dice el proyecto de ley. De todas maneras, la normativa aclara que dichos estudiantes “podrán ser titulares de becas”, consigna el diario Página/12.
El gobierno de Milei envió el proyecto de ley al Congreso el miércoles y convocó a sesiones extraordinarias para acelerar su agenda de reformas.
Las sesiones extraordinarias se realizarán hasta el 31 de enero, acortando el receso habitual que suele extenderse hasta marzo. Los legisladores establecerán comisiones para analizar las propuestas, que pueden incluir aportes de expertos y funcionarios gubernamentales.
Varias de las medidas propuestas requieren una mayoría absoluta, como la reforma electoral, que los analistas advierten que podría ralentizar el proceso. No hay un cronograma establecido para el debate del proyecto de ley, destaca Reuters.
La coalición de Milei, La Libertad Avanza, controla solo el 15% de los escaños en la Cámara Baja, por lo que debe conseguir apoyo para seguir adelante. Si finalmente fuera aprobado por la Cámara Baja, el proyecto de ley pasará al Senado, donde el gobierno es aún más débil, con menos del 10% de los escaños.
Debido a que no tiene un partido fuerte ni mayoría en cualquiera de las cámaras, analistas advierten que Milei enfrenta una dura batalla para avanzar en su agenda de reformas. “Mi duda es si Milei está abierto a aceptar cambios o si quiere que el proyecto de ley se apruebe como está”, dijo Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisors, en Buenos Aires. “Si opta por la segunda opción, literalmente le está declarando la guerra al poder legislativo y terminará perdiendo”, agregó.
Llamado de la CGT
Movimientos opositores han organizado manifestaciones en varias ciudades contra la agenda de Milei desde que asumió el cargo el 10 de diciembre. La última de ellas se conoció este jueves. La Confederación General del Trabajo (CGT) -el principal sindicato de Argentina- convocó para el próximo 24 de enero de 2024 una huelga general para protestar contra el plan de choque del gobierno.
La huelga comenzará a las 12.00 del mediodía, hasta la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización hacia el Congreso, donde un día antes el gobierno espera que se aprueba la conocida como ‘ley ómnibus’, otro macropaquete de medidas, que abordan algunos temas que no son competencia del DNU.
“Nosotros no esperamos que nos ayuden las fuerzas del cielo, Jesús bajó y camina junto a los trabajadores”, dijo Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, en la conferencia de prensa que brindaron los gremialistas para anunciar el paro. “El enviado del cielo cree que se caga en el Congreso y en los trabajadores, pero nosotros vamos a estar en la calle como hemos hecho siempre”, dijo a su lado Pablo Moyano.
La CGT marchó el miércoles a Tribunales para presentar un amparo contra el DNU y reunió este jueves el Comité Central Confederal para definir la medida de fuerza. Durante la jornada cerca de 30.000 argentinos acudieron al llamado de la CGT y otras organizaciones para protestar en el centro de Buenos Aires contra el controvertido plan con el que Milei pretende anular y modificar al menos 300 leyes.
La última huelga general convocada por la CGT fue la del 29 de mayo de 2019, en vísperas del final del gobierno del expresidente Mauricio Macri y antes de las elecciones que llevaron a la Casa Rosada a Alberto Fernández, recordó Europa Press.
