Ante la falta de más de 50.000 policías, el gobierno de Perú anunció el lunes que presentó un proyecto legislativo al Parlamento para crear una nueva categoría policial que permita incorporar a exsoldados y a jóvenes que no estudian ni trabajan a la labor de cuidar el orden público.
Los eventuales agentes de una nueva categoría llamada “del orden y la seguridad” estudiarán un año -a diferencia de los tres años de los suboficiales y los cinco años de los oficiales-, tendrán contratos por tres años renovables, portarán armas de fuego, pero no podrán investigar o realizar tareas administrativas.
El primer ministro, Alberto Otárola, dijo a la prensa que “la violencia y la inseguridad no va a esperar que nosotros nos durmamos en nuestros laureles” y que el proyecto legislativo del gobierno busca “reclutar con mayor facilidad a los jóvenes que han salido del servicio militar o aquellos que están bajo el problema de los ninis: los chicos que ni estudian ni trabajan”.
El ministro del Interior indicó que Perú cuenta con 132.000 policías, pero que entre 2002 y 2022 se retiraron 52.000 agentes de la institución por lo que se necesitan reemplazos. “Ha habido un descuido, no le han dado atención necesaria en otros gobiernos”, dijo.
Según datos oficiales unos 7.000 jóvenes culminan cada año su servicio militar voluntario en el Ejército, la Armada y la Aviación. Además hay 1,5 millón de peruanos de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan ni están recibiendo capacitación laboral.
“Esta gran masa de jóvenes que salen, a veces no tienen trabajo y lo podemos captar... En la calle necesitamos gente con buena aptitud física”, dijo a la televisora América el ministro del Interior, Vicente Romero, en referencia a los licenciados que culminan su servicio militar voluntario tras dos años.
Expertos afirman que, bajo la justificación de luchar contra la delincuencia y controlar el orden público, se abrirían las puertas para lanzar a las calles a miles de jóvenes con armas de fuego, con escasa preparación previa y con el poder legal para detener a eventuales manifestantes.
Otros especialistas también han hallado deficiencias en cómo poder fiscalizar posibles actos de corrupción y sancionar a los posibles nuevos agentes porque su cargo apenas dura tres años y no están incluidos dentro de la ley policial.
“Es un paliativo pero no logrará disminuir los delitos de sicariato, extorsiones, organizaciones criminales, de trata de personas”, afirmaron.
