Perú amaneció este martes con "dos Presidentes" y una sociedad altamente polarizada. Esto, después de que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció la noche del lunes la disolución del Congreso y convocó a elecciones, que podrían concretarse el 26 de enero. Sin embargo, tras esta medida, la oposición -dominada por el fujiaprismo (fujimoristas y apristas) reaccionó suspendiendo a Vizcarra, mientras la Vicepresidenta, Mercedes Aráoz, tomó juramento en "reemplazo" del Mandatario, profundizando aún más la crisis política que sufre el país. Para algunos se trató de un "golpe" de Vizcarra, mientras que otros sostienen que el gobernante actuó en derecho después de que el Legislativo le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
La noche del lunes hubo varias imágenes que recordaron las peores pesadillas de la historia reciente de Perú: la policía intentando clausurar el Congreso, mientras un mar humano lanzaba todo tipo de descalificativos contra los congresistas, en general, sumamente mal evaluados por la ciudadanía. También provocaron gran debate e impacto las fotografías de una reunión entre Vizcarra con el alto mando de las Fuerzas Armadas, que se cuadró con el Presidente.
La confusión escaló aún más cuando Aráoz, que junto a Vizcarra formó parte de la plataforma presidencial de Pedro Pablo Kuczynski -que renunció en marzo de 2018 debido a las mismas disputas políticas que aquejan hoy a Perú- fue juramentada por el titular del Congreso, Pedro Olaechea. "No me corro a mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias", dijo Aráoz, exministra del segundo gobierno de Alan García y actual "Presidenta encargada".
La juramentación de "Meche" Aráoz se explica por la rivalidad que surgió con Vizcarra luego de que el jefe de Estado intentara implementar una serie de reformas políticas y anunciara el pasado 28 de julio, sin consultarla, una propuesta para adelantar en un año las elecciones, previstas para 2021. "Hay que cumplir el mandato que nos dio el pueblo", señaló la propia Aráoz en una entrevista con La Tercera publicada a mediados de agosto.
Pese a que ambos formaron parte de la plataforma electoral de PPK, Vizcarra y Aráoz están ahora en caminos absolutamente opuestos. La crisis, que se arrastra desde las elecciones de 2016 -en las que Kuczynski se impuso por un puñado de votos a Keiko Fujimori- se profundizó esta vez tras el empeño de Vizcarra por querer reformar el método de elección de los miembros del TC, con los que buscaba impedir que ese alto tribunal fuera cooptado por la oposición.
"Aquí se trata de luchar contra la corrupción, los blindajes y la inmunidad, que se usa como impunidad. Detrás del pedido de transparencia para los magistrados del TC están millones de peruanos", señaló Vizcarra.
"Tenemos dos gobiernos"
Todo este revuelo ha provocado que para parte de la sociedad peruana, el cierre del Congreso sea visto como un "golpe", al estilo del "autogolpe" dado por Alberto Fujimori en 1992. Sin embargo, la otra mitad estima que Vizcarra actuó bien, en el marco de su lucha contra "los corruptos".
"Hay incertidumbre. Tenemos aparentemente dos gobiernos. El enfrentamiento político es extremo y ganaría quien tuviera más fuerza, y ese el Ejecutivo. Por tanto, Vizcarra seguirá gobernando y se elegirán a nuevos representantes del Congreso" , señaló a La Tercera el politólogo peruano Luis Benavente. "Lo único que podría complicar o detener la disolución del Congreso sería un pronunciamiento del Tribunal Constitucional", agregó.
Para Fernando Rospigliosi, analista y exministro del Interior, se trata de "un golpe de Estado". Lo mismo cree el columnista peruano, Aldo Mariátegui, quien apuntó: "Ha quedado claro que Vizcarra buscaba cerrar el Congreso como sea. Y así lo ha hecho".
Pero no todos piensan de esa manera. Augusto Alvarez-Rodrich, columnista del diario La República, consideró que "lo único que se le podría criticar al Presidente Martín Vizcarra por disolver el Congreso, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, es haberse demorado tanto en tomar la decisión".
https://www.latercera.com/mundo/noticia/dos-congresistas-peru-explican-la-crisis-politica-ese-pais/842565/
¿Qué viene ahora? Esa es la pregunta del millón en Perú. Primero, el Ejecutivo está facultado para solicitar a la policía que los congresistas que se nieguen a desalojar el recinto, lo hagan. De hecho, eso ocurrió ayer cuando algunos congresistas y legisladores que forman parte de la Comisión Permanente -que debe entrar en funciones hasta que se concreten los comicios- se enfrentaron a los uniformados que impidieron su acceso al Legislativo.
Precisamente las elecciones deberán tener lugar cuatro meses después de la disolución del Parlamento. El gran problema es que los legisladores fujiapristas no se sienten despojados de sus cargos y estiman que tienen la potestad para continuar en sus puestos.
La Constitución peruana establece que si dentro de los cuatro meses de disuelto el Congreso no se efectúan las elecciones dentro del plazo señalado, "el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros".
Para enredar aún más el asunto Jorge Barata, el hombre de Odebrecht en Perú, deberá revelar hoy en Brasil qué congresistas recibieron financiamiento de la constructora para sus respectivas campañas políticas, lo que podría agudizar aún más la crisis política peruana.
