La Fiscalía de Perú resolvió ampliar la investigación por lavado de activos, con el agravamente de organización criminal, contra la excandidata presidencial y cabecilla del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien tras la segunda vuelta presidencial de 2021 que dio como vencedor al exderrocado mandatario Pedro Castillo, inició una fuerte campaña sobre un presunto fraude electoral.
El fiscal José Domingo Pérez sindicó a la hija del expresidente Alberto Fujimori de haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra las supuestas irregularidades cometidas por Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), para alterar la voluntad popular y favorecer al destituido gobernante izquierdista, de acuerdo al reporte del diario limeño La República.
La acción del Ministerio Público peruano también involucra a otros cinco dirigentes de Fuerza Popular y la contadora del partido, Lindman Miranda Zamalloa.
Organización criminal
Luego de los comicios, Keiko Fujimori y sus cómplices políticos afirmaron sin pruebas que se le había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo.
La excandidata presidencial consiguió que su falsa narrativa del fraude electoral fuera respaldada por los medios de comunicación que apoyaron su candidatura en la segunda vuelta, y así inició la captación de fondos para financiar su nueva campaña tras la derrota.
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y, la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que, el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles (casi medio millón de dólares) en aportes en efectivo y en especies entre el 13 de marzo de 2021 a 30 de julio de 2021, en ellas están incluidas las tasas para las apelaciones y nulidades”, según lo descrito por el fiscal José Domingo Pérez en el mandato de ampliación del caso por lavado de activos.
El persecutor agregó que “todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, pues a través de la desinformación y noticias falsas, desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec, se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo, tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”.
Entre enero y julio de 2021, Fuerza Popular reportó a la ONPE 473 aportes en efectivo de dinero, pero anuló 142 de estos (30%), lo que es significativo para el fiscal.
