Una mujer se encuentra con quemaduras graves luego de que un sujeto le rociara gasolina y le prendiera fuego en planea calle en la región de Cajamarca, Perú.
La mujer identificada como Juana Mendoza, de 31 años, fue atacada la noche del viernes cuando vendía comida en una calle cerca del local de la policía de tránsito. Un sujeto –que se desconoce su identidad-, de estatura alta, le roció con gasolina le prendió fuego causándole graves quemaduras.
Según informó la policía, el agresor huyó del lugar apenas escuchó los grupos de la víctima.
La mujer fue auxiliada por los mismos transeúntes y miembros de la policía municipal, quienes consiguieron apagar el fuego.
La víctima fue trasladada al Hospital Regional Docente de Cajamarca donde se encuentra internada, indicó hoy el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP).
Este ataque ocurre a casi un mes del caso de Eyvi Ágrega de 22 años, quien a inicios de junio falleció luego de permanecer más de un mes hospitalizada por las graves quemaduras que le produjo la agresión de Carlos Javier Hualpa, al rociarle gasolina y prenderle fuego dentro de un autobús de transporte público en Lima.
La mujer había sido intervenida a varias quirúrgicamente, pero su cuerpo no soportó las graves quemaduras y falleció producto de una infección generalizada.
El autor, que actualmente se encuentra en prisión, aseguró que actuó por despecho por un amor no correspondido.
La Defensoría del Pueblo reveló hace unos semanas que en el último año y medio se han registrado 19 ataques incendiarios a mujeres en Perú.
"En el primer trimestre de 2018 se incrementó en 10% el número de feminicidios y en 55% las tentativas en todo el país, respecto al año pasado", tuiteó la Defensoría del Pueblo, que exigió que "se tomen medidas urgentes ante el aumento de la violencia contra las mujeres.
El gobierno peruano creó el 8 de junio una comisión de emergencia para enfrentar el incremento de la violencia hacia las mujeres. Ese grupo, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tiene un plazo de 45 días para elaborar un plan de acción y los lineamentos de intervención, así como la protección efectiva de las víctimas.