Durante este miércoles, las autoridades de Perú informaron que la Policía Nacional de Perú (PNP) contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas en los patrullajes. El anuncio lo realizó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien afirmó que “como vemos, la inseguridad es uno de los más grandes problemas, no hemos podido avanzar con las gestiones anteriores, pero ahora sí”.
Según la prensa local, Torres aseguró que “se ha tomado la decisión de atacar frontalmente a la inseguridad ciudadana, los ministros de Defensa e Interior van a organizar patrullajes en la ciudad entre la Policía auxiliada por las Fuerzas Armadas”. Medida que se da en un estado de emergencia decretado el 2 de febrero de este año, y que ha sido prorrogado numerosas veces hasta la actualidad.
La herramienta había sido invocada numerosas veces durante este año. El 3 de febrero se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo que instauraba el estado de emergencia para Lima y Callao por 45 días, con el mismo objetivo que el actual: contener la inseguridad ciudadana. Bajo dicha figura legal, derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio nacional, entre otras, son suspendidas.
El gobierno del Presidente de Perú, Pedro Castillo, ya había utilizado la medida para reforzar las tareas de la policía con militares durante 2021. Fue en noviembre de aquel año cuando se anunció que las Fuerzas Armadas apoyarían a la PNP sin relevar su participación, ya que el control del orden interno “permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú”, detallaba el Decreto Legislativo 1095.
En aquel momento, la medida fue ampliamente debatida. La idea había aparecido constantemente en promesas de campaña y debates políticos, y esa vez no fue la excepción. El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual congresista, José Williams Zapata, dijo en noviembre al diario Gestión que era necesario generar un reglamento, pues sin un estado de emergencia, como era la situación del momento, no había una jurisdicción clara. “Necesita un respaldo legal”, dijo en la ocasión.
“Que las FF.AA. realicen la labor de la PNP persiguiendo delincuentes, eso no va a funcionar, espero que no ocurra porque no va a funcionar. El soldado no está preparado para eso”, agregó en la ocasión.
Por otro lado, el gobierno defendió su postura asegurando que “la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población”.
De vuelta en el presente, la medida se volverá a utilizar bajo el marco del estado de emergencia vigente. Como en los casos anteriores, donde militares y policías cooperaron en el orden público, es la PNP la que tiene el mando de las acciones.
Las rondas mixtas de patrullaje también contarán con integrantes de la policía municipal, explicó el ministro del Interior, Willy Huerta, la que se conoce en el país como serenazgo. “Este tipo de patrullaje se realizará de manera constante y continua a nivel nacional”, explicó el líder de la cartera, según Deutsche Welle.
Huerta informó en la instancia sobre la aprobación del reglamento de la ley de serenazgo, la que busca regularizar elementos institucionales, como la unificación del uniforme a nivel nacional, los requisitos mínimos de inscripción, y la capacitación académica de quienes compongan sus filas.
El primer ministro Torres aseguró que no es la única medida que tomarán para combatir la delincuencia, pues afirmó que el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley ante el Congreso ante el problema de la delincuencia. “Les pedimos que vean estos proyectos a fin de combatir con eficacia la inseguridad. Vamos a trabajar otros temas, por ejemplo, combatir el uso de armas sin licencia a través de plazos para que las personas entreguen sus armas o, de lo contrario, las sanciones serán severas”, argumentó.
La crisis política que Perú ha enfrentado durante el primer año de gobierno del Presidente Castillo también se ha visto reflejada en la rotación de los cargos relacionados con la seguridad. Es el caso del Ministerio de Interior, responsable del orden público, cartera que ha tenido prácticamente un ministro por cada dos meses de gobierno. Al mismo tiempo, hasta ahora han sido cuatro los comandantes generales removidos de la Policía Nacional de Perú en lo que va del año.
