Asegurando que se trata de “la principal conquista social del pueblo trabajador” del país, el viernes pasado el presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró así la aprobación en la Cámara, en cuarto y último debate, de la reforma del sistema de pensiones impulsada por su gobierno. Un logro al que se sumó este martes otra victoria, aunque agridulce. Tras más de un año en que no había logrado superar ningún debate, la Comisión Séptima de la Cámara dio luz verde al proyecto de ley de reforma laboral de Petro, si bien dejó fuera muchos artículos relacionados con los derechos sindicales y las huelgas.
La reforma del sistema de pensiones, una de las principales iniciativas sociales de Petro, obtuvo 88 votos a favor y 23 en contra. Esta es la primera de las reformas gubernamentales que aprueba el Congreso en esta legislatura que culmina este 20 de junio, pues la laboral sigue en trámite, la de salud se hundió en marzo y a la de educación aún le falta un debate para convertirse en ley.
“Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo (...) Esta es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio. La reforma pensional progresista es hoy ley de la República”, dijo el mandatario izquierdista en un mensaje publicado en la red social X.
La reforma busca fortalecer la administradora estatal Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones y ampliar la cobertura, pero analistas y gremios han advertido de perjuicios para los mercados de capitales y las finanzas públicas.
La iniciativa aprobada por el Congreso, pese a que el mandatario carece de mayorías en el legislativo, mantuvo en 62 años la edad de pensión para los hombres con 1.300 semanas de aportes y en 57 años para las mujeres, aunque a ellas les redujo a 1.000 las semanas exigidas.
Adicionalmente, señala Reuters, las mujeres podrán reducir gradualmente en 50 semanas el tiempo exigido para la jubilación por cada hijo, con un máximo de tres, con lo que el requisito quedará en 850 semanas.
La ley establece la creación de un fondo de ahorro público para proteger el pago de las pensiones y de un único Sistema Integral de Protección a la Vejez.
El proyecto obliga a todos los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, unos 2,9 millones de pesos (743 dólares) a hacer sus aportes de pensión a la estatal Colpensiones.
Las personas con salarios por encima de esa cifra podrán seleccionar un fondo de pensiones privado para el ahorro individual de los excedentes. Los recursos del pilar contributivo serán administrados por el Banco Central.
Además, establece la creación de un pilar semicontributivo en el que los hombres mayores de 65 años y las mujeres de 60 que no cumplieron los requisitos para una pensión habiendo cotizado entre 300 y 1.000 semanas, accederán a un beneficio económico que se financiará con recursos del Presupuesto General de la Nación y con sus propios aportes.
Un pilar solidario incluido en la reforma establece que las mujeres mayores de 60 años y los hombres de 65 años en situación de pobreza o vulnerabilidad que no aportaron al sistema recibirán mensualmente 232.000 pesos (57 dólares).
El gobierno estima que 2,6 millones de adultos mayores serán beneficiarios hasta que fallezcan, por medio de la renta solidaria.
La reforma entrará en vigencia el primero de julio del 2025 y establece que los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 se les continuará aplicando la norma actual, es decir que no estarán obligadas a aportar al fondo estatal una parte de sus ingresos en el caso de que estén en uno privado.
En entrevista con La Tercera, el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) dijo que “esta reforma hace todo menos construir equidad, porque esta reforma primero les quita la libertad de elegir a los ciudadanos”. “Hoy el 80% de quienes cotizan al sistema quedan prácticamente encerrados en Colpensiones, y la intención del gobierno de encerrar el 80% de los contribuyentes era convertir la administradora de pensiones en un cajero automático, en una especie de chequera en blanco para el gobierno”, aseguró.
“El gobierno va a terminar entregando recursos de miseria y va a romper un punto central de la estructura pensional de Colombia y es que la pensión mínima no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces, esta es una reforma que realmente lo que apunta es a utilizar el ahorro de los colombianos como la caja menor del gobierno, y por eso es absolutamente demencial”, denunció.
Congresistas de diferentes partidos criticaron la forma en la que el proyecto fue aprobado, pues la Cámara no debatió el contenido, sino que votó la misma propuesta que ya había sido aceptada por el Senado, la cual necesitaba algunas modificaciones. Por esa razón, la reforma de pensiones no deberá ser conciliada, sino que pasará directamente a sanción presidencial para convertirse en ley.
Pero la oposición en Colombia no bajará los brazos por la polémica aprobación exprés en la Cámara. Así, anunciaron que demandarán la aprobación del proyecto de ley en la Corte Constitucional. Uno de los primeros en referirse al hecho fue el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, que aseguró que la demanda que planea es por inconstitucionalidad de la misma, ya que busca acabar con el ahorro de los colombianos.
De hecho, expertos constitucionales que hablaron con Bloomberg News apuestan a que la Corte Constitucional podría echar por tierra la reforma. Ello, porque según la Constitución colombiana, las leyes deben aprobarse en dos períodos legislativos, que van del 20 de julio al 20 de junio del año siguiente. Tras varios retrasos prolongados durante el proceso de dos años, la coalición gobernante apuró sin debate la semana pasada el proyecto de ley en la Cámara Baja, para lograr su aprobación antes del plazo final.
Algunos legisladores argumentaron que esto viola la Constitución, lo que sienta las bases para otro enfrentamiento entre Petro y la Corte Constitucional. “El afán, el desespero, y la poca rigurosidad del gobierno lo que van a hacer ahora es que la reforma se caiga en la corte”, dijo la representante Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, en declaraciones al diario La República.
La corte podría tomar normalmente unos siete u ocho meses en pronunciarse sobre un caso así, dijo Miranda. Aunque está previsto que la ley entre en vigor en julio de 2025, el tribunal también podría emitir una orden de suspensión para impedir que lo haga hasta que haya emitido una decisión de fondo.
En tanto, en una audiencia en la Cámara de Representantes, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, William Rodríguez, dijo que la entidad estatal que gestiona el sistema de pensiones del país, no está preparada para gestionar el aumento de personas inscritas en caso de ponerse en marcha la reforma.
“Nosotros manejamos 100% información digital. No manejamos ningún expediente físico, pero actualmente el gestor documental no funciona y cuando recibamos 23 millones de trabajadores más, como tal, vamos a colapsar, no vamos a tener la capacidad de resolver las solicitudes y vamos a estar otra vez, como en algún momento lo estuvimos, en estado de cosas inconstitucionales”, dijo Rodríguez.
“Victoria agridulce”
Una segunda victoria legislativa del gobierno llegó en la última semana de la legislatura, que vence este 20 de junio. La reforma laboral, otra de las principales propuestas sociales de la administración Petro, fue aprobada este martes en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, superando así su primera prueba. A partir de ahora, la reforma puede ser agendada para discusión en la próxima legislatura para continuar con su trámite, algo que ocurrirá a partir del próximo 20 de julio.
La reforma obtuvo 14 votos por el sí y 4 por el no, una mayoría absoluta que se logró después de meses de concertación entre las bancadas de gobierno y las independientes. El proyecto, al que aún le faltan tres debates en el Congreso para convertirse en ley, recibió el apoyo de los parlamentarios del Pacto Histórico, la Alianza Verde, el partido Comunes, las curules de paz, el Partido Liberal y algunos votos del Partido de la U y de los conservadores. Cambio Radical y el Centro Democrático se opusieron a la totalidad de la reforma, detalló el diario El País.
Sin embargo, según el periódico español, el triunfo para el gobierno es “agridulce”, porque el proyecto avanza en los derechos individuales de los trabajadores formales, pero deja por fuera muchos artículos relacionados con las garantías sindicales y de huelga. Al final, se aprobaron 82 artículos y se eliminaron 22.
Los artículos rechazados, un requisito de los congresistas independientes para aprobar el resto del proyecto, prohibían los pactos colectivos entre trabajadores no sindicalizados y empresas (una forma de incentivar la afiliación a los sindicatos), quitaban el límite temporal de 68 días que tiene las huelgas hoy en día, obligaban a una representación paritaria de hombres y mujeres en las organizaciones, y permitían la huelga en servicios esenciales siempre y cuando se mantuvieran “servicios mínimos”.
Con todo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, agradeció el acuerdo con sectores ajenos a Petro para el avance de la reforma. “Gana el diálogo y la concertación por los derechos laborales de la población colombiana. Continúa su debate en la siguiente legislatura en la plenaria de Cámara. Gracias a los congresistas que impulsan y defienden derechos para el país”, escribió en su cuenta de X.
Si bien el gobierno logró aprobar la reforma de pensiones y consiguió salvar la laboral, que superó su primer debate en Comisión Séptima de Cámara, la reforma a la educación, que era la más consensuada del paquete gubernamental, “está virtualmente hundida”, destacó la revista Semana, que recordó que la oposición controlaba la plenaria de este miércoles, penúltimo día de la legislatura, y en un escenario donde no existía acuerdo ni tampoco tiempo para debatirla.
“Solo se puede discutir hasta el 20 de junio por ser estatutaria. Hoy no se discutiría, y quedaría única y exclusivamente el día de mañana. Un día en el que habrá que aprobar múltiples conciliaciones y, adicionalmente, si se llegase a agendar, no tendría tiempo para poderse discutir. Si se llegase a discutir y aprobar, no habría tiempo para conciliar”, explicó el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, quien le dijo a Semana que el partido daba por hundida la reforma.
