Decenas de jóvenes se manifestaron el viernes ante la fiscalía colombiana pidiendo la liberación de los detenidos tras el estallido social de 2021 en el que miles de personas protestaron contra el gobierno, la mayoría pacíficamente y otros con violencia.
“¡Liberen a los que nos liberaron!”, reclamaba uno de los manifestantes con la cara cubierta. Varias personas rehusaron a hablar con The Associated Press en la protesta para no ser identificadas.
La protesta en Bogotá fue convocada por los denominados grupos de “Primera Línea”, como fueron conocidos en las manifestaciones de 2021 quienes estaban más cerca de la policía antimotines para defenderse.
A septiembre la fiscalía reportó 33 casos activos contra los denominados grupos de “Primera Línea”, en los que se han imputado 168 personas. La mayoría están en etapa de investigación y 10 pasaron a juicio. En algunos casos la fiscalía los ha inculpado por daño a bien público o privado, obstrucción en las vías y hasta terrorismo.
El Congreso negó recientemente conceder indulto a los manifestantes de la “Primera Línea” presos y presuntamente involucrados en hechos de violencia. Desde el opositor partido Centro Democrático se criticó la propuesta por considerarla una puerta a la “impunidad”.
El estallido social de 2021 inició por el descontento ciudadano con una reforma fiscal que impulsaba el presidente Iván Duque (2018-2022) y que afectaría a la clase media. El gobierno accedió a retirar el proyecto de ley, pero las manifestaciones continuaron y se sostuvieron por dos meses con reclamos variados como mayor empleo, educación para los jóvenes, el desarme de la policía antimotines y la defensa del derecho a protestar.
Las protestas tuvieron hechos de violencia. La ONU verificó 46 víctimas fatales -44 civiles y dos policías-, la mayoría por armas de fuego o impactos de proyectiles de gas lacrimógeno. Detalló que en 28 de esos casos los policías serían los presuntos responsables.
A esto se suma que durante las protestas fueron incinerados vehículos, estaciones de policía y varias vías bloqueadas sin permitir el paso de alimentos o medicinas.
Con megáfonos los manifestantes pedían el viernes la “liberación de los presos políticos”, como consideran a los detenidos, y reclamaban al gobierno de Gustavo Petro cumplir con su palabra de liberarlos y no enviar a la policía antimotines a las manifestaciones.
Algunos de los manifestantes intentaron quitar las vallas de protección de la fiscalía y la policía antimotines reaccionó con gas lacrimógeno, lo que finalmente los dispersó. Luego se dirigieron a las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, donde iniciaron los disturbios. Algunas personas lanzaron piedras a la policía y ésta respondió con chorros de agua y gases.
