En su discurso sobre el estado de la Unión, el pasado 30 de enero, el Presidente Donald Trump pidió al Congreso aprobar un plan de inversiones de US$ 1,5 billones para "reconstruir nuestra infraestructura que se desmorona". El Mandatario hizo en esa ocasión un llamado a la unidad entre republicanos y demócratas para lograr "una infraestructura segura, rápida, confiable y moderna que nuestra economía necesita y nuestra gente merece".
Dos semanas después de su presentación ante el Legislativo, Trump dio a conocer su plan de infraestructura, en el que solicitó al Congreso que autorice US$ 200.000 millones en 10 años para estimular avances por US$ 1,5 billones que serán pagados por los estados, localidades e inversionistas privados.
Según la agencia Reuters, el plan, que de acuerdo a funcionarios gubernamentales enfrenta un difícil camino por delante, remodelaría la forma en que el gobierno federal financia carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura. "Si llega a buen término, muchos estadounidenses podrían enfrentar impuestos y tasas más altas", señaló la agencia británica.
Tras las nuevas complicaciones por la "trama rusa" y el presupuesto, con el anuncio del plan de infraestructura el Presidente republicano intenta retomar su agenda en un año complejo de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que podría perder la mayoría en el Congreso.
Ya en su discurso sobre el estado de la Unión, Trump había destacado la herencia y el carácter constructor de EE.UU. "Construiremos nuevos y relucientes caminos, puentes, carreteras, ferrocarriles" en todo el país, prometió.
A nivel nacional, la infraestructura se encuentra en estado deficiente. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) realiza cada cuatro años un informe sobre el estado real de las distintas categorías de infraestructuras y el año pasado calificó con la nota D+ la actual situación.
Esto llevó a los expertos a urgir a Washington a tomar medidas ante el progresivo deterioro de la gran red de obras que requiere diversos tipos de trabajos para recuperar su estado óptimo.
De las 16 categorías consideradas por el informe, las peor evaluadas son 10: carreteras, aviación, parques públicos, agua potable, energía, escuelas, desechos peligrosos, vías navegables interiores, diques y aguas residuales.
Según el informe, existen 614.387 puentes en todo el país. El 9,1% de ellos se reportaron en 2016 como estructuralmente deficientes. Y cuatro de cada 10 tienen 50 o más años de uso.
La congestión y el mal estado del pavimento también figuran en el reporte, destacando que una (1,6 km) de cada cinco millas (8 km) de pavimento está en malas condiciones y más de dos (3,2 km) de cada cinco millas (8 km) de carreteras interestatales urbanas están congestionadas. Los ferrocarriles y los aeropuertos también presentan deficiencias en materia de saturación debido al alto flujo de usuarios.
Emblemáticas por su envergadura, las represas también se suman a la lista. De las 90.580 que hay en total, 15.498 presenta un alto potencial de peligro. En promedio, fueron construidas hace 56 años.
Para reparar las deficiencias, en su último reporte la ASCE propuso US$ 2 billones. A su vez, los analistas estiman que el Mandatario y los republicanos están transfiriendo los costos de infraestructura a los estados, lo que eventualmente podría reducir su capacidad de recaudación de impuestos.