El Poder Judicial de Perú admitió a tramitación una demanda para que las propiedades del expresidente Alejandro Toledo y sus familiares pasen a control del Estado, en medio del juicio que se lleva en Lima por los delitos de corrupción, tras ser extraditado desde Estados Unidos.
La justicia peruana determinó analizar la “extinción de dominio” contra ocho inmuebles, dos de los cuales están registrados a nombre del exgobernante y de su mujer, Eliane Karp, y otros seis pertenecientes a Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
Las propiedades están ubicadas, una en Punta Sal Grande, en la ciudad de Tumbes, y los siete restantes en los distritos limeños de Surco y La Molina.
El Poder Judicial ya instaló la audiencia de control de acusación contra el exmandatario y otros investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por el caso la carretera Interoceánica Sur, y que habría involucrado cuantiosos sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, según reporta el diario limeño La República.
Si bien el expresidente ya se encuentra recluido en el penal de Barbadilo, esto no sería impedimento para que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Richard Concepción Carhuancho, solicitara su intervención durante el control de acusación. Al termino del debate, el magistrado programó la continuación de la audiencia para este martes 25 de abril y reiteró que Toledo se puede conectar en la siguiente diligencia.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ratificó su pedido contra Toledo de 20 años y 6 meses de cárcel.
“Se ha presentado acusación contra Alejandro Toledo y se ha solicitado una pena de 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos”, dijo Pérez, en declaraciones a la prensa.