Polémica reforma judicial de AMLO lleva a huelga a magistrados de México

Manifestantes protestan fuera del edificio del Consejo de la Judicatura Federal mientras los trabajadores del Poder Judicial de México inician una huelga indefinida a nivel nacional, en Ciudad de México, el 19 de agosto de 2024. Foto: Reuters

La propuesta incluye modificaciones como plazos máximos para resolver casos y un inédito proceso de elección ciudadana de jueces. Los trabajadores del sistema judicial argumentan que se trata de un atentado contra sus derechos laborales y la independencia de ese poder.


Con banderas de México, celulares, aplausos y pancartas, exactamente a las 0:00 horas de este miércoles comenzó el paro nacional de jueces y magistrados federales, quienes se sumaron al movimiento iniciado el lunes por los trabajadores judiciales en protesta contra la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y respaldada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

La propuesta forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el mandatario en febrero pasado para modificar diversas partes de la Constitución del país. Pensada para entrar en vigencia en 2025, contempla una serie de cambios importantes, como el tope salarial a ministros de la Corte Suprema o la eliminación de la pensión vitalicia a los ministros del máximo tribunal. Pero el punto de mayor polémica es la elección de jueces y magistrados por voto popular.

El documento de la reforma presentado por el gobierno de México propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces por voto directo y secreto por un período de 12 años y no de 15 como es actualmente. En caso de que la reforma se apruebe, en 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces y que quienes actualmente ocupan estos cargos puedan ser candidatos, informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La propuesta también busca reducir el número de ministros de la Corte Suprema de 11 a 9, acortando su mandato de 15 a 12 años. Se eliminarían las dos salas del tribunal, manteniendo solo sesiones en pleno, que serán públicas. Además se propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros y ajustar sus salarios al máximo permitido para el presidente de México.

Otros cambios son que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sería sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, encargados de la administración, vigilancia, y control interno del Poder Judicial. A todo ello se le suman otras reglas procesales para agilizar la justicia y regular la elección de magistrados y jueces, con la obligación de reintegrar los fideicomisos del Poder Judicial al Fondo de Pensiones una vez concluidos los juicios.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una conferencia de prensa después de las elecciones generales, en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 3 de junio de 2024. Foto: Reuters

AMLO y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han asegurado que estos cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución que imparta justicia austera, independiente y ajena a intereses privados. “Con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. (…) Nosotros no estamos contra los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios, y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial, y los trabajadores lo saben”, dijo AMLO en su conferencia matutina de este lunes.

No obstante, los trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial (como secretarios y otro personal de apoyo), han criticado la medida argumentando que el cambio podría originar que personas con mínima experiencia jurídica sean elegidas para ocupar cargos judiciales. Así, los empleados judiciales iniciaron la manifestación el lunes. Y luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó a 1.600 agremiados a que votaran para decidir si se iban a paro o no, lo cual fue votado en un 80% por el sí, se unieron los magistrados este miércoles, consigna El Heraldo de México.

Los trabajadores ya estaban agrupados afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, Ciudad de México, el martes en la noche, con aproximadamente mil personas esperando para dar inicio al paro. Mientras que más al sur, en el estado de Puebla, acudieron alrededor de 300 personas -que incluye a los magistrados, trabajadores de base y jubilados del Poder Judicial- concentrándose en la puerta principal del inmueble ubicado en Ciudad Judicial, para gritar ¡el poder judicial, no va caer!

En la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, los trabajadores que se plegaron a la huelga han dicho que la reforma afecta la carrera judicial de los trabajadores del Poder Judicial, para politizar las acciones de los jueces, magistrados y ministros que deberán sus carreras a los partidos políticos y por ello se dejará a un lado la posibilidad del ascenso a través de la experiencia y conocimientos de quienes pretenden escalar posiciones en este poder.

La jueza y presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, subrayó la gravedad de la situación hablando en nombre de sus colegas. En su discurso, advirtió sobre el riesgo de una “crisis constitucional” y enfatizó que la suspensión de labores es un acto legítimo contra la reforma. “Nos encaminamos hacia una crisis constitucional que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en el tejido social. Por eso mismo, hemos decidido la suspensión de labores desde el 21 de agosto como acto legítimo contra la reforma”, afirmó.

Fuentes destacó que esta acción no se toma a la ligera y que es imperativo defender la democracia y la justicia para las futuras generaciones. También hizo hincapié en que la independencia judicial no debe ser vista como un privilegio, sino como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos, según información de Infobae México.

Por otro lado, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.

“Llevamos un esfuerzo de 10, 15, 20 años para ser jueces o magistrados. Y, de repente, nos dicen pues que esos años que invertimos ya no van a servir”, dijo Víctor Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca, ciudad del centro de México, a The New York Times. La elección de magistrados por voto popular, agregó, ya no garantizaría que personas que han construido su carrera en el Poder Judicial puedan convertirse en jueces.

El paro indefinido ya estaba instalado en 28 de los 32 estados del país, mientras que en Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Campeche los trabajadores del Poder Judicial anunciaron que se sumarían a la protesta durante la tarde de este miércoles. También explicaron que sólo atenderán asuntos urgentes, como casos de tortura, malos tratos, detenciones ilegales e incomunicaciones, según informó El Heraldo de Tuxpán.

En junio, AMLO afirmó que Morena –su partido político– con mayoría en el Congreso buscaría aprobar la reforma al Poder Judicial en el próximo período parlamentario de sesiones, que se iniciará el 1 de septiembre, su último mes en el cargo, cuando el Parlamento vuelva a reunirse. Con la combinación de legisladores de Morena y partidos aliados, se espera que el mandatario tenga una amplia mayoría en el Congreso.

No obstante, aunque las propuestas de López Obrador parecen contar con el apoyo necesario en el Congreso, han surgido focos de resistencia, explica el Times desde Ciudad de México. Ello, porque los críticos acusan al presidente de intentar una toma de poder para debilitar los controles sobre el Ejecutivo, especialmente después de que la Corte Suprema se ha convertido en un contrapeso a su gobierno. Si se aprueba la reforma, los 11 jueces del máximo tribunal y miles de jueces federales y estatales podrían verse obligados a dimitir.

Sheinbaum dijo que el oficialismo está abierto a conversar con los huelguistas para aclarar cómo quedan sus derechos laborales, pero sostuvo que los ciudadanos ya votaron a favor de la reforma judicial cuando la eligieron a ella en las urnas en junio, porque era una de sus promesas de campaña. “La elección es la elección”, afirmó.

“No es una crisis laboral (el paro), es una decisión que hacen los trabajadores del Poder Judicial, y los jueces, de irse a paro por un asunto que consideran político, no se están afectando sus derechos laborales”, destacó Sheinbaum en conferencia de prensa.

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