La policía salvadoreña detuvo a siete exguerrilleros a los que acusa de planificar la ejecución de varios atentados con explosivos en el país centroamericano este sábado, día de la investidura de Nayib Bukele como Presidente por segundo mandato consecutivo.
Bukele arrasó en las elecciones de febrero con el 84.65% de los votos, pese a los reclamos de sus opositores que denunciaron que la Constitución prohíbe la reelección inmediata y de organismos de derechos humanos por su manejo de la seguridad interna.
El gobernante salvadoreño, que cobró notoriedad mundial por su implacable lucha contra las pandillas y el crimen organizado, gobernará por otros cinco años con un control casi total del Congreso y del resto de instituciones del Estado.
Bukele prestará juramento en una ceremonia este sábado en el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, a cuya plaza convocó a los salvadoreños en masa.
El organismo policial informó que los sujetos detenidos “estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas”.
Mientras, en varios mensajes en la red social X la policía nacional mostró imágenes de explosivos decomisados que supuestamente iban a ser empleados para realizar los atentados, que calificó de “ataques terroristas”.
Además, publicó un audio de uno de los presuntos implicados, así como una lista con sus nombres. Entre ellos está José Melara, exdiputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que fue una guerrilla en el pasado. La policía lo identifica como “el financista de estos planes”.
A la ceremonia de este sábado asistirán los Presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Honduras, Xiomara Castro, así como representantes del gobierno estadounidense y el rey de España, Felipe VI.
Las autoridades salvadoreñas mantienen desde hace más de dos años un régimen de excepción impulsado por el popular mandatario para combatir a las violentas pandillas criminales o maras, y que le ha permitido detener a más 80.000 personas y reducir el número de homicidios.
La medida, que implica la suspensión de garantías constitucionales, sumada a la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, ha sido cuestionada con dureza por organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Atentado puesto en dudas
El supuesto plan de atentados contra la investidura de Bukele fue puesto en duda en X por Ruth López, de la asociación Cristosal, enfocada en la defensa de DD.HH. “¿Han pasado todo el gobierno burlándose de los veteranos y hoy resulta que le tienen miedo a su capacidad de convocatoria? Que no les extrañe que les inventen hasta una ‘conspiración’. #Ridículos”, escribió.
Luis Parada, abogado y excandidato presidencial por el partido conservador Nuestro Tiempo, afirmó en la misma red social que, tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones, “la investigación debería tener acompañamiento investigativo y verificación internacional para que pueda ser creíble”.
