El Gobierno de Polonia ha reconocido que la crisis migratoria que atraviesa la frontera con Bielorrusia no se resolverá “rápidamente” y que incluso puede durar meses, “si no años”, después de la jornada de mayor tensión desde que comenzaron a agolparse en la zona miles de personas.
La Guardia Fronteriza polaca ha informado de al menos dos intentos de entrada ilegal en la noche del martes al miércoles, con decenas de personas implicada en ambos casos. Varsovia acusa a Minsk de promover esta presión e incluso denuncia que funcionarios bielorrusos intentan crear huecos en la valla.
El martes, varios miembros de las fuerzas de seguridad de Polonia resultaron heridos --uno de ellos de carácter grave-- durante unos enfrentamientos en los que los policías y militares respondieron con gas lacrimógeno al lanzamiento de palos y piedras desde la otra parte.
El ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszcak, ha asegurado que “la noche no fue tranquila” y, aunque ha habido menos intentos de cruzar la frontera que en jornadas anteriores, el ‘modus operandi’ se repite, según una entrevista radiofónica recogida por la agencia PAP.
Blaszcak, cuyo Gobierno tiene el apoyo del conjunto de la UE en sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko, prevé que la situación se prolongue en el tiempo, a meses e incluso años vista. Las autoridades polacas han registrado en lo que va de año más de 33.000 intentos de paso ilegal, con un pico en octubre de unos 17.300.
Miles de migrantes, entretanto, permanecen prácticamente a la intemperie en territorio bielorruso, en campamentos improvisados expuestos a las inclemencias meteorológicas y al progresivo descenso de las temperaturas.
Las autoridades bielorrusas han asegurado que unos mil de ellos han dormido esta noche a cubierto en una nave situada junto a la frontera, según la agencia de noticias BelTA, que divulga también imágenes de estas personas e incluso mensajes de agradecimiento a Bielorrusia por este gesto.
Lukashenko defiende que ni él ni su Gobierno están utilizando a los migrantes como herramienta de presión política, a pesar de que él mismo reconoció públicamente que no impediría su paso hacia la UE como represalia por las sanciones adoptadas tras su polémica reelección como presidente en 2020.
