¿Por qué Ecuador allanó la embajada de México en Quito?
México suspendió abruptamente las relaciones bilaterales con Ecuador en una creciente disputa diplomática, después de que la policía ecuatoriana irrumpiera por la fuerza en la embajada de México en ese país para arrestar a un exvicepresidente acusado de corrupción.
Policías fuertemente armados y vestidos con pasamontañas incursionaron en la embajada de México a última hora de la noche del viernes para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, buscado por cargos de corrupción.
Glas estaba en la embajada mexicana desde diciembre, tras solicitar asilo a ese país, el cual le concedió recién el viernes.
Ecuador, que a comienzos de marzo solicitó permiso a México para ingresar a la embajada para detener a Glas, argumenta que la oferta de asilo fue ilegal, porque según el derecho internacional a las personas condenadas no se les debe conceder asilo.
México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió inmediatamente las relaciones con Ecuador tras la redada, dijo que estudió a profundidad el caso de Glas.
El arresto fue la cúspide de una semana de crecientes tensiones entre las dos naciones latinoamericanas, luego de que Quito declarara persona non grata a la embajadora de México, citando comentarios “desafortunados” del izquierdista López Obrador.
El mandatario mexicano había comparado la violencia relacionada con las elecciones en los dos países, alegando que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el año pasado estaba injustamente vinculado con el candidato de izquierda, que posteriormente perdió.
López Obrador culpó además a lo que dijo eran medios corruptos, lo que describió como manipulación electoral.
¿Quién es Jorge Glas y qué cargos enfrenta?
Glas, que fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, ha sido condenado dos veces por casos de corrupción y ahora enfrenta nuevos cargos por malversación de recursos públicos.
La primera condena del exvicepresidente se dio a finales de 2017 a seis años, después de que un tribunal lo declarara culpable de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregarle contratos estatales.
En 2020 fue condenado nuevamente por utilizar dinero de contratistas para financiar campañas del movimiento político de Correa, por lo que recibió una sentencia de ocho años.
Correa -que vive en Bélgica desde que dejó el cargo- fue condenado en el mismo caso.
Ambos políticos han alegado durante mucho tiempo que los cargos penales tienen motivaciones políticas, una acusación que los fiscales han negado.
Glas cumplió más de cuatro años de prisión antes de ser liberado en 2022, pero el mismo año fue encarcelado nuevamente, después de que un tribunal dictaminara que necesitaba cumplir el resto de sus sentencias, aunque sus abogados habían solicitado que las cumpliera simultáneamente y se beneficiara de la libertad condicional.
El exfuncionario de 54 años fue liberado por última vez en noviembre de 2022, pero enfrenta nuevos cargos por malversación de fondos recaudados para ayudar a la reconstrucción de la provincia costera de Manabí después de un devastador terremoto en 2016.
Sus abogados apelaron en diciembre la decisión de un juez de enviarlo de nuevo a prisión, argumentando que su vida podría estar en peligro, pero la solicitud fue denegada.
¿Cuál ha sido la reacción regional?
El sábado, gobiernos de todo el espectro político de América Latina -entre ellos Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay- criticaron duramente el arresto de Glas.
El gobierno de Brasil condenó la medida de Ecuador como una “clara violación” de las normas internacionales que prohíben tal ataque a una embajada extranjera, mientras que Argentina pidió el cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
¿Qué sigue?
La Cancillería mexicana dijo que presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, mientras que el gobierno del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro anunció que buscará la protección de Glas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que su derecho al asilo fue violado.
La Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, pidió convocar a una sesión del Consejo Permanente del organismo para discutir la necesidad de un cumplimiento estricto de los tratados internacionales.
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