En una polémica decisión, el gobierno de Donald Trump ha declarado muertos a más de 6.000 migrantes, la mayoría de ellos latinos, como parte de un esfuerzo por presionar a los indocumentados a abandonar el país.

La medida, que afecta a personas que se encuentran registradas en la Seguridad Social estadounidense pero han perdido su estatus legal, ha generado una serie de críticas y consecuencias legales.

El motivo detrás de la declaración de “muertos”

La acción fue ordenada por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, con el objetivo de eliminar el acceso de los migrantes afectados a los beneficios sociales y laborales que otorgan los programas del gobierno.

La medida apunta principalmente a migrantes que ingresaron al país bajo programas del gobierno de Joe Biden, pero cuya situación migratoria ya no es válida bajo la administración actual. Además, algunos de los afectados forman parte de la lista de vigilancia terrorista del FBI.

De acuerdo con The Washington Post, el gobierno planea incluir en la lista de fallecidos a 92.000 migrantes que tienen algún tipo de condena penal.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Y es que al declarar muertos a estos migrantes, se elimina su capacidad de trabajar legalmente, solicitar servicios de salud y otros beneficios, lo que les presiona a salir del país por su cuenta, en lugar de enfrentarse a un proceso formal de deportación.

Las consecuencias que ha tenido esta medida

En primer lugar, las personas incluidas en la base de datos de “defunciones” ya no pueden recibir pagos del Seguro Social ni acceder a los servicios de asistencia pública. Esto les impide trabajar legalmente en EE.UU., lo que en la práctica significa una pérdida significativa de medios de vida y apoyo económico.

Sin embargo, la medida también ha causado preocupación dentro del mismo gobierno. Según The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social han cuestionado la legalidad de esta práctica, argumentando que incluir en ese listado a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad.

Además, el gobierno de Trump tiene previsto expandir la medida a unos 92.000 migrantes adicionales que tienen antecedentes penales, lo que amplificaría aún más el alcance de la política, generando así aún más controversia.