La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las deportaciones de los ciudadanos venezolanos en Texas, que fueron detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Hasta ahora, los migrantes se encontraban retenidos en el Centro de Detención de Bluebonnet y eran acusados de pertenecer al Tren de Aragua, la megabanda delictiva de origen venezolano.

La ley de origen bélico -que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial- permite al Ejecutivo ordenar la detención y deportación de los nativos de países “enemigos”, omitiendo los procesos correspondientes.

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha justificado el uso de esta ley, argumentando que “el Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto de manera directa como por órdenes, encubiertas o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.

Un alto funcionario de la administración de Donald Trump -que solicitó reservar su identidad- dijo a la cadena CBS News, que de los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, 137 fueron expulsados debido a la Ley de Enemigos Extranjeros.

Sin embargo, en esta oportunidad el máximo tribunal pausó las deportaciones al instruir al gobierno “no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”.

Por qué el tribunal suspendió las deportaciones

Pese a que el tribunal no ha explicitado los motivos de la suspensión, ésta fue en respuesta a una apelación de emergencia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La demanda de la organización civil señalaba que los detenidos habían sido notificados en inglés -pese a que sólo hablaban español- de que serían deportados a la brevedad. Asimismo, se les habría dicho que no tenían derecho de impugnar esta orden, según reporta BBC.

“Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión”, sostiene la demanda.

La Corte Suprema, además, había resuelto a principios de abril que las deportaciones podrían concretarse siempre que los detenidos tuvieran la oportunidad de impugnar el proceso, lo que según la demanda de ACLU, no se habría cumplido en esta oportunidad.