Cada día, las conversaciones formales e informales sobre la posibilidad de que se realice un segundo referendo en Reino Unido se hacen más frecuentes. Exlíderes, como el conservador John Major, o el laborista Tony Blair, lideran la campaña para que se lleve a cabo una segunda consulta sobre el Brexit. Sin embargo, pese al "clamor popular", la primera ministra Theresa May advirtió ayer sobre el "daño irreparable" que provocaría otra consulta.
"No rompamos la confianza del pueblo británico organizando otro referendo" sobre el Brexit, dijo ante la Cámara de los Comunes .
De llevarse a cabo un nuevo referendo se debería concretar pronto, debido a que el 29 de marzo Reino Unido debe dejar la Unión Europea, aunque también existe la posibilidad de que los 27 países miembros acepten retrasar la salida si se convoca a la consulta. May señaló ayer que la votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento se realizará el 14 de enero, la cual se estima que será una derrota para el gobierno, por lo que la opción de otra consulta tendría aún más respaldo.
"Como otras cosas en este proceso, esto es muy poco específico. Probablemente si hay un referendo, habría una decisión que involucraría en cierto nivel quedarse en la UE. Una opción sería aprobar el acuerdo de Theresa May. Y otra, un Brexit sin acuerdo. Esas son las opciones. Si habrá tres preguntas en el voto, es una interrogante. O si usarán el tipo de votación en el que gana la opción que tiene más votos. No sabemos cuál es el proceso que se seguirá", explicó a La Tercera el académico de la Universidad de Oxford, Scot Peterson.
La incertidumbre sobre el nuevo referendo radica en que si bien es más sencillo que una elección general, llevar a cabo una consulta implica cumplir una serie de etapas, desde que se apruebe una ley, hasta que se determine la pregunta, pasando por determinar el período de campaña. Así, según el informe El Mecanismos de otro Referendo sobre el Brexit del University College de Londres, que estudió diferentes consultas, se podrían necesitar 22 semanas antes de realizar la consulta. Eso sí, hay expertos que disputan esta postura.
El informe explica que todos los referendos en Reino Unido han sido iniciados por el gobierno, con excepción del de 1979 sobre el proceso de devolución de poderes a las regiones.
"Es posible que el gobierno pueda cambiar de opinión y favorezca un segundo referendo, como resultado de un gran cambio en la opinión pública", explica el informe. En ese sentido, un sondeo YouGov, solicitado por la campaña a favor de otra consulta Voto del Pueblo, reveló que un 59% prefiere permanecer en Reino Unido, contra un 41% que respalda el Brexit.
Si el gobierno de May cambia de opinión, puede presentar una ley para que sea considerada por el Parlamento. Si bien es el camino más fácil, el reporte advierte que es el más improbable porque
May ha dicho que no llamará a un segundo referendo. Entonces, la opción más probable es que una mayoría multipartidista en el Parlamento obligue al gobierno a realizar una segunda consulta, tal como en 1979, cuando el laborismo se oponía al referendo.
Los Comunes tendría que aprobar este proyecto sobre el referendo, que entregue una base legal a la consulta y especifique algunos detalles que no se encuentran presentes en la actual legislación de referendos.
Mientras se discute el proyecto, la Comisión Electoral debe evaluar si la pregunta es entendible. Este proceso demora 3 meses y se lleva a cabo antes de que el proyecto de ley concluya todos sus caminos por la Cámara de los Comunes. Entre las opciones que podrían incluirse en la papeleta se encuentran: si aprueba el proyecto del Brexit negociado por el gobierno; si quiere un Brexit sin acuerdo; si se quiere permanecer en Reino Unido o si quiere reabrir las negociaciones.
Luego, sería el turno de preparar la regulación para la campaña y, en ese sentido la Comisión Electoral recomienda que esto esté listo seis semanas antes de que se realice el referendo. A su vez, la campaña debería durar 10 semanas. Es decir, según esas estimaciones, un nuevo referendo no podría hacerse antes de seis meses.
En medio de este contexto, el gobierno debería pedir un aplazamiento a la UE de la fecha de salida, algo que debe ser aprobado por los 27 miembros.
