Presentan estudio que alerta de los 10 principales riesgos que enfrentará América Latina en 2023

El índice de “Riesgo Político América Latina” elaborado por el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) va por su tercer año. Un reporte que comenzó por la necesidad de identificar, desde la mirada de expertos y público en general, los principales riesgos que anualmente enfrenta la región.

En su edición 2023, lanzada este miércoles, el informe destaca que este año se inicia con el regreso de la “marea rosa” a América Latina, donde cinco de sus principales economías -Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia- son gobernadas por fuerzas de izquierda.

Sin embargo, esta nueva marea enfrenta un escenario completamente distinto al de la década del 2000. “Los perfiles de los gobernantes de izquierda son variados (sólo Lula repite), muchos de ellos no tendrán mayorías o constituirán alianzas frágiles en el Congreso y no gozarán de la bonanza fiscal de hace dos décadas, producto del súper-ciclo de los commodities”, se lee en el prólogo del índice de “Riesgo Político América Latina 2023″, reporte bajo la edición de Jorge Sahd, Daniel Zovatto y Diego Rojas.

Así, bajo la premisa de que 2023 será otro año “complejo y desafiante” para América Latina donde los “tiempos nublados” continuarán, el índice describe los 10 principales riesgos que enfrentará la región. A continuación, un resumen de ellos.

A pesar que la población de América Latina y el Caribe representa cerca del 9% del planeta, la región registra más del 30% de los homicidios mundiales, destaca “Riesgo Político América Latina 2023″.

Superado sólo por Jamaica, Venezuela ocupó el segundo lugar en la tasa de homicidios en América Latina en 2021, con 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Emergency Watchlist 2022 del Comité Internacional de Rescate (IRC). Honduras, en tanto, ocupó la tercera posición en tasas de homicidios, con 38,6 por cada 100.000 habitantes, siendo considerado el lugar más mortífero de América Central. Colombia y México también exhibieron cifras altas, en su gran mayoría relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico.

“El crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza”, señala el informe del CEIUC.

El índice aborda la situación en Chile. “Un caso sintomático es el chileno, de los países tradicionalmente más seguros de la región. Actualmente se ha puesto foco en hacer frente a organizaciones de extranjeros que han intentado instalarse en el país y fijar redes desde sus países de origen, como han sido facciones del Tren de Aragua, del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, asegura.

Asimismo, el estudio recuerda que los sistemas judiciales sin independencia e instituciones públicas con altos índices de corrupción contribuyen a una cada vez mayor percepción de inseguridad e impunidad. En ese sentido, destaca que “los datos de Transparencia Internacional revelan que los índices de percepción de corrupción de América Latina no muestran progresos”.

“La democracia a nivel global está bajo asedio”, señala el informe, que apunta que dos tercios de la población mundial vive ahora en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios, según datos de IDEA Internacional 2022.

América Latina no escapa a esta recesión democrática y “todo parece indicar que las perspectivas para 2023 seguirán siendo mayoritariamente negativas”, destaca el informe. “En Cuba y Nicaragua no se observa voluntad para iniciar una transición a la democracia. Vemos, por el contrario, un recrudecimiento de la represión. En Haití (Estado fallido) el desafío pasa por reducir los altos niveles de violencia y estabilizar la situación para crear las condiciones que permitan llevar a cabo unas elecciones que debieron tener lugar hace tiempo; Venezuela es el único régimen autoritario que, con el acompañamiento internacional, ha retomado las negociaciones con la oposición (en México, a fines de 2022) para buscar una salida electoral y democrática”, detalla.

En el caso de El Salvador, que dejó de ser una democracia para convertirse en un régimen híbrido, “continuará la deriva autoritaria del régimen de Nayib Bukele quien buscará (pese a la prohibición expresa de la Constitución Política) su reelección consecutiva en 2024″.

“En Perú la pregunta de fondo es si la presidenta Dina Boluarte logrará estabilizar la situación y avanzar hacia elecciones generales adelantadas en 2023 o si la crisis política se agrava y la obliga a renunciar abriendo paso a un nuevo escenario de mayor inestabilidad”, se lee en el estudio, que también dice que “habrá que monitorear las tres elecciones presidenciales que tendrán lugar en Paraguay, Guatemala y Argentina donde se pondrá a prueba la continuidad de la racha invicta de los últimos cuatro años de voto castigo a los oficialismos”.

Según el índice de “Riesgo Político América Latina 2023″, “la luna de miel de los gobiernos en América Latina es cuestión del pasado. Si el primer año solía ser el de mayor apoyo ciudadano para los mandatarios, hoy la sociedad cambió”.

Para graficarlo, el informe coloca el caso del Presidente Gabriel Boric, que vio caer su aprobación bajo el 40% en sólo cinco semanas de gobierno, según Cadem. En Colombia, en tanto, el Presidente Gustavo Petro aumentó en 20 puntos su desaprobación en sólo dos meses, de acuerdo con Invamer. En tanto, los mandatarios de Argentina y de Perú exhibían en 2022 niveles de aprobación inferiores a 30%.

“La rápida caída del apoyo a los gobiernos se ha traducido en un ‘voto de castigo’ para los oficialismos. Entre 2019 y 2021, en 13 de las 14 elecciones presidenciales, los votantes cambiaron de signo político, con la excepción de Nicaragua, país sin democracia ni lecciones libres”, apunta el estudio, que agrega: “El fenómeno de mayor fragmentación política y partidos oficialistas con menor representación es una tendencia de las últimas décadas en gran parte de las democracias de América Latina”.

A estos problemas de gobernabilidad se suma el mayor nivel de deuda pública de los países, especialmente post Covid-19, que ha comprometido seriamente la sostenibilidad fiscal de los países y limitado la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas sociales. Según cifras del FMI, Venezuela es el país de la región con la deuda más alta, con un 307% del PIB, seguida de Brasil (91,9%), Bolivia (86,1%), El Salvador (82,6%) y Argentina (74,4%).

“Una economía anémica y la incapacidad del Estado y el sistema político de procesar las demandas ciudadanas, hacen más difícil abordar las múltiples y variadas expectativas ciudadanas”, señala el índice de “Riesgo Político América Latina 2023″.

“América Latina se aproxima a una nueva tormenta perfecta, que eleva el riesgo de nuevos estallidos de malestar social. Al alza del costo de vida debido a una persistente inflación, se suman una desaceleración económica significativa, una baja en los precios de las materias primas y condiciones financieras más restrictivas para 2023″, advierte el estudio.

Como señala el FMI, la región se encamina a un tercer shock. A la pandemia el 2020-2021 y los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania el 2022, se agrega un entorno económico y financiero más complejo. Si bien las manifestaciones desaparecieron el 2020 por los extensos confinamientos de la población, en 2021 y 2022 progresivamente fueron apareciendo, como ha ocurrido en Perú, Guatemala, Panamá, Colombia o Haití, entre otros.

“El panorama económico y social 2023 eleva el riesgo de nuevos estallidos de malestar social”, alerta el informe, que además destaca que la región que se encamina hacia una nueva década perdida, con un crecimiento promedio cercano al 0,8% anual, incluso más baja que la década perdida de los 80.

Según el estudio, en la última década los flujos migratorios irregulares en América Latina se han vuelto más dinámicos, complejos y diversos. El mayor desplazamiento en la región ha sido de ciudadanos venezolanos que huyen de la violencia, la persecución política y la pobreza. En la actualidad existe un total 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. De esta cifra, 5,96 millones (84,9 %) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, especialmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Una de las mayores preocupaciones migratorias son los pasos irregulares con gran flujo de migrantes, siendo los puntos más complejos en la región los de Necoclí en Colombia y Tarapacá en Chile, señala el informe.

“Las cada vez más frágiles economías latinoamericanas han sido incapaces de absorber las necesidades de los cada vez más grandes flujos migratorios”, destaca. “Ante un incremento en la percepción de la inseguridad y un aumento de delitos violentos en que se ven envueltos inmigrantes, el mayor riesgo que enfrentan los países latinoamericanos es tener que enfrentar una exacerbación de la xenofobia e incremento de los conflictos sociales ante un cada vez más precario escenario económico y social”, advierte.

El 2022, en América Latina, cuatro de cada 10 habitantes han vivido con inseguridad alimentaria. Sólo entre 2020 a 2021 la población desnutrida en la región aumentó en cuatro millones llegando al 8,6 % regional. En sólo dos años, más de 13 millones de personas han caído en el hambre, son parte de los datos que entrega el índice de “Riesgo Político América Latina 2023″.

“Este complejo escenario ha venido deteriorándose con el impacto de la pandemia. El estallido del conflicto armado en Ucrania añadió aún más presión a las ya deficientes capacidades alimentarias de América Latina. El hambre ya no sólo está presente en sectores sociales en los que históricamente se identificaba. Cada vez más la hambruna se hace presente en las ciudades urbanas y en miles de familias que nunca la habían padecido”, señalan los autores del estudio.

Y agregan: “Ante un cada vez más incierto panorama internacional y los notorios efectos del cambio climático, el riesgo para los países latinoamericanos es no generar soluciones que permitan disponer una seguridad alimentaria para una población con cada vez más necesidades y vulnerabilidades”.

Según el informe, “la presencia de la política en las redes sociales está teniendo consecuencias perniciosas para la convivencia en democracia. A la crisis de liderazgo de la elite y de representatividad de los partidos se une ahora la acción de las redes sociales convertidas en un vehículo para difundir desinformación y mensajes de odio, fomentando la polarización”.

“La polarización política y la incapacidad de diálogo que esta trae consigo se han incrementado sustantivamente, convirtiéndose ya no solo en un fenómeno electoral, sino que su volumen de confrontación y alcance (re)producen clivajes identitarios que tensionan la política y la sociedad a diario. Altos niveles de polarización representan un riesgo muy concreto para la democracia”, señala.

En los recientes procesos electorales latinoamericanos las noticias falsas a través del mal uso de las redes sociales se ha acentuado, reproduciendo contenidos individualmente microsegmentados que exacerban las diferencias entre grupos de votantes y radicalizan agendas extremistas.

“Todo apunta a que la contaminación informativa a través de sus distintas formas (información falsa o información verdadera manipulada para causar daño entre las principales) ha llegado para quedarse y en 2023 seguirá muy presentes, sobre todo en los comicios de Argentina, Guatemala y Paraguay y también durante el segundo tiempo constitucional chileno”, alerta.

La falta de acciones concretas, claridad en los marcos regulatorios y discrecionalidad de ciertas agencias administrativas, amenazan la inversión necesaria para desarrollar el enorme potencial de la región a través en recursos naturales y energías críticas para la economía verde, sostiene el reporte.

De acuerdo a la Cepal, en 2021 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe se recuperaron después de la fuerte caída registrada el año 2020, con un monto total de US$ 142.794 millones, cifra un 40,7% superior al año anterior, pero inferior a los US$ 159.000 millones prepandemia.

Según índice de “Riesgo Político América Latina 2023″, la llegada de capitales extranjeros es fundamental para aprovechar el potencial que ofrece el hemisferio. Las energías limpias son el futuro del planeta y pueden transformar a América Latina en un proveedor fundamental de la “economía verde”.

“Todo este potencial puede significar un nuevo salto para América Latina, en la medida que venga acompañado de alianzas público-privados, regulaciones y planes que ofrezcan certeza jurídica a la inversión privada”, plantea.

El principal efecto que tienen los ataques cibernéticos a entidades gubernamentales es “la pérdida de confianza”, afirma el estudio. Ello, porque al perder datos confidenciales se afecta la credibilidad de estas entidades ante la ciudadanía, puesto que una ciberamenaza puede poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Según la consultora PwC, desde el año 2019 se han podido identificar 180 delitos contra el sector gubernamental y por lo menos 26 grupos criminales en América Latina. El principal medio utilizado por estos grupos es el ransomware, método de ataque que a nivel global tiene un costo de más de US$ 20.000 millones solo para 2021.

“Ante un mercado de delitos informáticos cada vez más refinado, y ante mayor acceso a herramientas y metodologías que permiten perpetrar ciberdelitos, el riesgo que enfrenta América Latina es alto: cuanto más lucrativo sea el negocio del ciberdelito más actores querrán participar de él”, alerta el informe.

“América Latina no ha sido capaz en este más de medio siglo de sucesivos proyectos de integración de convertirse en un actor internacional que hable de forma coordinada en los diferentes foros y escenarios mundiales. El fracaso a la hora de construir procesos de integración capaces de trascender en el tiempo ha conducido a los países latinoamericanos a ocupar una posición periférica dentro del nuevo marco geopolítico mundial que está emergiendo”, sostienen los autores del estudio.

Así, explican, la falta no ya de organismos de integración sino de un atisbo de coordinación (México, Brasil y Argentina nunca han puesto en común una agenda para llevarla de manera mancomunada al G-20) ha conducido a que la región sea contemplada por el resto del mundo como “un conjunto de Estados inconexos”. “No ha existido tampoco un liderazgo o conjunto de liderazgos (el eje México-Brasil nunca ha cristalizado), aceptados por el resto de la comunidad latinoamericana y con capacidad de proyectar Latinoamérica hacia el exterior”, añaden.

“Semejante desunión obstaculiza la aspiración de los países de América Latina a mantener una autonomía estratégica en medio de la pugna entre China y EE.UU. Una apuesta que solo será viable si: 1) Existe cierta coordinación entre los países de la región para hacer frente al desafío y ante las presiones o injerencias de algunos de las dos súper potencias; y 2) América Latina como actor regional necesita aliados externos que potencien su rol internacional”, concluyen.