La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, advirtió hoy jueves de que el cierre parcial de la Administración, que entró hoy en su vigésimo séptimo día, socava la seguridad del país.
"(El cierre) socava nuestra seguridad. No estamos pagando a las personas que nos mantienen seguros, incluyendo agentes de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte), agentes del FBI y funcionarios de inmigración que patrullan la frontera", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio.
"Quizás (Trump) piensa que está bien no pagar a la gente para que haga su trabajo, pero yo no lo creo", añadió la líder demócrata.
Pelosi aludió ayer también motivos de seguridad en su solicitud a Trump para aplazar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, previsto para el 29 de enero, hasta que finalice el cierre parcial de la Administración.
La presidenta de la Cámara señaló que, como consecuencia del cierre parcial, el Servicio Secreto, encargado de coordinar, planear e implementar las medidas de seguridad en estos actos, lleva 27 días sin recibir financiación.
En la rueda de prensa de hoy, Pelosi no dudó de la "profesionalidad" de los agentes, pero insistió en que deberían recibir sus nóminas por proteger a los dirigentes "más poderosos" del país durante ese discurso, que reúne al presidente, vicepresidente, el Gabinete de Trump, los componentes del Tribunal Supremo y todo el Congreso.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, afirmó ayer miércoles en Twitter que su departamento y el Servicio Secreto están "totalmente preparados" para garantizar la seguridad durante el discurso del Estado de la Unión, pese al cierre parcial administrativo.
Desde el pasado 22 de diciembre, el Gobierno federal sufre una suspensión parcial debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción de la barrera fronteriza en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.
Como consecuencia, se prolonga así el cierre del 25 % de la Administración, situación que afecta a unos 800.000 empleados que han dejado de percibir su salario y ha trastocado el funcionamiento de distintos espacios turísticos o las actividades de agencias a las que no se les han asignado nuevos recursos.
