Basilio Titi Tipolo, un joven que estaba a punto de cumplir los 22 años, fue el primer fallecido en Potosí, en el marco de la segunda jornada de paro nacional convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la oposición boliviana, para exigir la derogación de la Ley 1.386, que desató choques violentos con gremios campesinos, con un saldo de 63 heridos.
La escalada de violencia en varios puntos del país amenaza con convertirse en la mayor crisis que enfrenta hasta ahora el Presidente Luis Arce, que ayer, tras el deceso del manifestante la noche del martes, debió cancelar un viaje programado a Potosí para participar en los actos conmemorativos del aniversario de ese departamento boliviano. Mientras las regiones del país aumentan la presión, sectores afines al gobierno acusan un intento de “segundo golpe”.
“El presidente ha desistido de asistir a la efeméride de Potosí por estos hechos de violencia, porque no es necesario tener que dar una excusa más para que se puedan movilizar y manifestar de forma violenta, entonces eso es lo que va a ocurrir hoy (ayer) y el Presidente no va a estar allá”. Con estas palabras, el vocero presidencial, Jorge Richter, confirmó la ausencia de Arce en Potosí como resultado de los “hechos de violencia”, tras la suspensión de todos los actos por los 211 años del grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Potosí declaró luto regional por el manifestante fallecido en los enfrentamientos entre universitarios y cívicos contra los campesinos.
Los ánimos están crispados en Bolivia. El Ejecutivo del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó que los bloqueos carreteros impulsados por la oposición en Potosí obstaculizaron la llegada de ambulancias, lo que impidió salvar la vida del campesino, que de acuerdo con la autopsia murió por una “broncoaspiración” cuando huía de las agresiones y gases lacrimógenos ante los enfrentamientos con cívicos.
El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, denunció que “está inasistencia a la salud ha derivado en la muerte de una persona, por las agresiones sufridas y, además, por la falta de atención debido a que los bloqueadores en la ciudad de Potosí impidieron el ingreso de las ambulancias en dos ocasiones para poder atender a la persona”.
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) acudió a su cuenta oficial de Twitter para condenar la muerte en Potosí, señalando que “nuevamente el odio racista a nuestros hermanos indígenas causa muerte y dolor en el pueblo boliviano”.
Según el diario cruceño El Deber, el MAS instruyó el repliegue de campesinos a Potosí y abrió la posibilidad de un diálogo por la polémica Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio Público abrir una investigación inmediata para esclarecer los hechos e hizo un llamado a “deponer los enfrentamientos”. Por otra parte, la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) se declaró en estado de emergencia tras denunciar que campesinos simpatizantes del MAS impulsaron desbloqueos violentos.
Las manifestaciones iniciaron el martes, justo en la antesala de las celebraciones de la ciudad de Potosí, y se extendieron a zonas como Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Oruro. Uno de los conglomerados opositores de mayor fuerza, los comités cívicos cruceños, mantienen la suspensión de actividades, aunque entregaron una prórroga desde las 5.00 a las 11.00 de ayer, para que los ciudadanos pudieran abastecerse en los mercados, que continuarán cerrados hasta nuevo aviso.
Según el diario Página Siete, la situación en Potosí es la “peor crisis contra Arce”. El mandatario fue declarado “persona no grata” por parte de los cívicos, el alcalde potosino Jhonny Llally se ausentó de los actos oficiales y hubo enfrentamientos por el bloqueo de las rutas. Debido a la ausencia del jefe de Estado de los actos oficiales, el gobernador Jhonny Mamani declaró luto e invitó a campesinos de 41 municipios en señal de respaldo al Ejecutivo para luego solicitarles su regreso ante la interrupción de las celebraciones.
Después de un cabildo realizado ayer en Potosí, los líderes opositores de la ciudad dictaminaron imponer un plazo máximo de 24 horas al gobierno para levantar la Ley 1.386. Asimismo, declararon “enemigo” de la región al Presidente Arce, exigieron las renuncias del gobernador Mamani y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental potosina, Marcial Ayali, “por financiar y encabezar los enfrentamientos”. También pidieron la salida del comandante departamental de policía, Juan Carlos Mercado, por “no resguardar el orden”.
Por su parte, la bancada de legisladores disidentes de Comunidad Ciudadana entregaron una propuesta para pacificar el país. La hoja de ruta incluye la derogación de la Ley 1.386, la desmovilización de los “grupos de choque” afines al MAS y “la inmediata restitución de los 2/3 de los reglamentos de debate para que el Parlamento se vuelva la verdadera casa de la democracia”.
El lunes, Arce cumplió un año en el cargo marcado por la tensión de los últimos meses, luego de que el Congreso de mayoría oficialista aprobara una serie de normas, como la Ley 1.386, que “incluye cambios en el Código Penal y normativas para combatir el lavado de dinero”, que son cuestionados por sectores empresariales, que consideran que la iniciativa aumentará los controles y libertades para investigar cuentas bancarias.
Uno de los mayores opositores, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sostiene que “la Ley 1.386 vulnera varios preceptos constitucionales, atenta contra la propiedad privada y faculta al Estado a intervenir, a simple sospecha, las cuentas bancarias y las comunicaciones personales, y a abrir procesos contra cualquier ciudadano, todo al margen de las leyes”.
Según el diario español El País, el grupo técnico del gobierno boliviano se ha esforzado por desmentir las acusaciones relativas a la legislación, defendiendo que es una actualización contra los delitos financieros, que no afectará a gremiales o transportistas, que no interceptará llamadas telefónicas y que solo busca luchar contra “criminales que se aprovechen de las actividades económicas legales para legitimar los resultados de sus fechorías”.
El inestable escenario político actual, a juicio de analistas, comienza a tener tintes similares a las protestas sociales de 2019, que dejaron una treintena de fallecidos tras semanas de movilizaciones generadas como resultado de la renuncia de Evo Morales por acusaciones de fraude electoral. Potosí es una de las zonas tradicionalmente opositoras al MAS. Por ejemplo, en 2015 y 2019, salieron a las calles para manifestarse en contra del evismo.
Arce lamentó que la derecha “retrógrada y cavernaria” ahora esté “tratando de bloquear y paralizar al país”, según lo citó El Deber. El lunes también habían intentado callarlo durante una convulsa sesión parlamentaria. “Siempre quieren acallar nuestra voz en la Asamblea Legislativa, porque no quieren que el pueblo sepa la verdad de lo que ocurrió, como la derecha incapaz, corrupta, golpista, manejó el Estado, nunca pensaron en los bolivianos, siempre pensaron en sus bolsillos”, denunció el mandatario en Pando.
