El Presidente de Perú, Pedro Castillo, dejó sin efecto el toque de queda que había decretado la medianoche del lunes para Lima y el puerto del Callao ante el paro de transportistas y las manifestaciones en todo el país contra el alza de combustibles y alimentos.
La decisión del mandatario peruano se tomó luego de una reunión en el Congreso Nacional, en medio de las protestas de la población y los enfrentamientos con la policía que han dejado varias personas heridas.
“A la espera de que la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en manifestarse como derecho, eso no significa que aprovechándose de una movilización o de un derecho constitucional también nosotros como Estado avalemos algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear por ejemplo un domicilio, atentar contra la propiedad privada y las instituciones públicas, en ese marco debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, indicó Castillo en el Congreso Nacional, hasta donde se aproximaron manifestantes pese al cerco policial, exigiendo la renuncia del mandatario.
El fin del toque de queda fue recibido con vítores por centenares de manifestantes congregados cerca del edificio del Congreso y en otras partes de Lima, afirmando que le habían doblado la mano al presidente.
La presidenta del Parlamento, la opositora María del Carmen Alva, a través de su cuenta de Twitter manifestó: “El presidente Castillo anuncia que se levanta la inamovilidad. ¡El pueblo lo hizo!”.
Previamente, el Ministerio de Defensa había desplegado a 70 patrullas de las Fuerzas Armadas en la zona metropolitana de Lima y en Callao para brindar en acciones integradas con la Policía Nacional.
El ministro de Defensa, José Gavidia había justificado la decisión del Presidente Castillo de decretar el toque de queda, al manifestar que “se tenía información de fuente reservada que hoy se iban a producir actos vandálicos. Esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”.
Rechazo absoluto
No obstante, la inamovilidad adoptada por el Presidente Castillo fue ampliamente rechazada por diferentes sectores. El arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, dijo que “esta medida es desproporcionada y el Gobierno debe transparentar el porqué de su decisión. Esto es casi como un Estado de Sitio que solo aplica, según nuestra Constitución, a casos de invasión, guerra exterior y guerra civil”.
En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, había presentado un recurso de Habeas Corpus contra el gobierno por el toque de queda, señalando que “las autoridades del país no pueden vulnerar los derechos de más de 11 millones de peruanos”.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado en el que expresa que “para esta organización esta medida restrictiva, publicada casi a medianoche por el Gobierno, carece de razonabilidad y proporcionalidad. Debido a ello, solicita al Presidente y a su Gabinete transparentar las razones de su decisión”, indicó.
Protestas
Mientras se mantenía el toque de queda, que obligaba a los ciudadanos a quedarse en sus casas y sólo algunos podían concurrir a sus trabajos de manera presencial, hubo manifestaciones en distintos puntos de la capital y en el puerto de Callao y también en otras ciudades del país.
En el distrito de La Molina los pobladores realizaron una marcha hasta la céntrica plaza San Martín, donde se produjeron roces con la policía resultando lesionados algunos manifestantes. Pese al cordón de seguridad a varias cuadras del Congreso, centenares de personas intentaron romper el cerco para aproximarse hasta ese lugar y expresar su rechazo a la medida tomada por el Gobierno de Pedro Castillo.
El anuncio del frustrado toque de queda llegó una semana después de que el mandatario se salvara de ser destituido por el Congreso, donde los opositores lo acusan de “falta de rumbo” y permitir la corrupción en su entorno.
La cuestionada medida también coincidió con el 30º aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.
La desaprobación a Castillo alcanza al 66%, según un sondeo de Ipsos de marzo.
