El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que aceptó reanudar diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de aliviar sanciones económicas de Washington en la fase previa de las próximas elecciones presidencial en el país sudamericano.

“El próximo miércoles 10 se reinician las conversaciones con Estados Unidos para que se cumplan los acuerdos firmados en Qatar. Que sean diálogos públicos y sin especulación”, dijo el mandatario en su programa “Con Maduro Más” de cada lunes transmitido por Venezolana de Televisión, el canal oficial del régimen caraqueño.

“He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos, se reinician el miércoles que viene (10 de julio), allí estará Jorge Rodríguez Gómez, como jefe de la comisión de diálogo nacional, y Héctor Rodríguez Castro, que representarán a Venezuela en esos diálogos”, indicó el mandatario.

El mandatario chavista afirmó que recibió “durante dos meses” la propuesta de Washington para restablecer las conversaciones.

Maduro agregó que tras evaluar dicha solicitud, aceptó, con el objetivo de hacer cumplir lo pactado en Qatar con el gobierno de Joe Biden.

“Que sean diálogos públicos y sin especulación. No nos vamos a ver a escondidas”, aseguró.

“Vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar, quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios, eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela; a Venezuela la tienen que respetar”, manifestó.

En abril pasado, Caracas denunció lo que considera un incumplimiento por parte de Washinngton de los acuerdos relacionados con el levantamiento de las medidas unilaterales estadounidenses que pesan sobre el país sudamericano.

Los diálogos con representantes de Estados Unidos vienen desde marzo 2022, cuando altos funcionarios norteamericanos vinieron a Caracas de forma reservada.

De esas conversaciones surgió la liberación de varios estadounidenses y venezolanos presos en Caracas, mientras se produjo un intercambio de un cercano colaborador de Maduro, Alex Saab, quien estaba detenido en Estados Unidos, por otro grupo de detenidos.

Pero tras la reimposición de sanciones petroleras en abril pasado, el gobierno denunció que Estados Unidos violaba los acuerdos de Qatar donde se habían discutido temas como elecciones y migración.

El gobierno estadounidense decidió el 29 de enero revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana, y que había otorgado en octubre de 2023, en respuesta al acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024 rubricado entre el gobierno y la oposición, en Barbados.

En octubre de 2023, el gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre, algo que Estados Unidos exige cabalmente y, en caso de que Venezuela no cumpla ese requisito, amenaza con mantener las sanciones contra Caracas.

EE.UU. dijo que no renovará la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela debido a la preocupación de Washington por cuestiones relacionadas con las elecciones en el país latinoamericano.

Las elecciones del 28 de julio se perfilan como el mayor desafío al que se ha enfrentado el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus 25 años de dominio, que comenzaron con la presidencia de Hugo Chávez. El partido pretende controlar todos los poderes del Estado durante seis años más, pero sus bases están divididas, mermadas y decepcionadas.

Diez candidatos participarán en las elecciones, incluido Maduro. El único aspirante con posibilidades reales de derrotar al presidente es Edmundo González Urrutia, que representa a la coalición opositora Plataforma Unitaria.

El año pasado, Maduro llegó a un acuerdo con la coalición opositora para mejorar las condiciones para tener elecciones libres y justas. Pero luego cambió de rumbo, cuando el meteórico ascenso de la líder opositora María Corina Machado se convirtió en una amenaza real para sus posibilidades de reelección.

Pero fue en ese instante que Estados Unidos, que había concedido a Maduro cierto alivio de las sanciones tras la firma del acuerdo, lo retiró cuando su coalición siguió utilizando su control sobre todas las instituciones gubernamentales para inclinar la balanza, incluso bloqueando la candidatura de Machado, impidiendo también una candidata en su reemplazo, lo que obligó finalmente a la designación del veterano exdiplomático Edmundo González.

“Venezuela ha sido sometida en los últimos ocho años a más de 930 medidas coercitivas y unilaterales, sanciones criminales contra la economía, el pueblo y la sociedad venezolana”, dijo Maduro, el pasado 1 de marzo durante la cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (Celac).