El Presidente peruano, Pedro Castillo, fue citado a declarar ante la Fiscalía los días 4 y 9 de agosto por los casos de ascensos irregulares de las fuerzas de seguridad del país y la presunta obstrucción en la captura de los ministros prófugos.

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, se refirió a lo anterior tras ser consultado por la cadena de radio peruana RPP, detallando que “hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana”.

Según la defensa de Castillo, todavía falta por tomar la decisión de si la persecutora Patricia Benavides acude al edificio presidencial o si es por el contrario el mandatario quien deberá declarar en la sede del ministerio.

A la fecha, el jefe de Estado acumula cuatro investigaciones abiertas por la Fiscalía. No obstante, Castillo se ha defendido de las acusaciones, sosteniendo que “hasta este momento no han podido encontrar una prueba”.

Las investigaciones en contra de Castillo

Las primeras dos investigaciones versan sobre una presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, caso conocido como Puente Tarata, donde el ente acusador investiga desde abril 2022 las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, donde supuestamente se habría otorgado a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de dicha cartera, Juan Silva -que actualmente se encontraría prófugo-.

En la organización criminal también habrían participado funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, todos con el fin de favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Asimismo, el Ministerio Público peruano acusó al jefe de Estado de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.

Por su parte, la Fiscalía peruana anunció el pasado 21 de julio la apertura de la tercera investigación contra Castillo, esta vez por presunto delito contra la administración de justicia o encubrimiento personal, un proceso abierto dos días después de que el exministro del Interior Mariano González denunciase que el mandatario obstruía la justicia y vinculaba su salida del Ejecutivo al caso abierto contra familiares de Castillo.

“No tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de Justicia”, denunció el ministro del Interior en alusión a la búsqueda del familiar del presidente Fray Vásquez, el exasesor presidencial Bruno Pacheco, y el exministro de Comercio y Transporte Juan Silva, acusados de corrupción.

Un día después, el ente persecutor anunció la apertura de una cuarta investigación contra el Presidente, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez para iniciar las diligencias contra el mandatario por presuntos delitos por la compra de biodiésel en Petroperú.

Según el Ministerio Público, Castillo habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias.