El presidente de Colombia, Gustavo Petro, renovó este viernes la línea de mando de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional al designar como comandantes a oficiales sin acusaciones de corrupción ni de violaciones a los derechos humanos, a quienes pidió impulsar una política de seguridad que defienda la vida.
Las ramas militares y policiales colombianas tienen un largo historial de abusos y violaciones a los derechos humanos, mientras que varios escándalos de corrupción las sacudieron en los últimos años.
Petro, un economista de 62 años que el domingo asumió como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y perteneció en su juventud a la desmovilizada guerrilla del M-19, prometió en campaña iniciar un proceso de depuración y transformación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El mandatario dijo en una declaración que el criterio para seleccionar a los oficiales que conformarán la nueva cúpula fue “cero corrupción, cero violación de derechos fundamentales”.
“La concepción de la seguridad humana hace que aquí el éxito no estribe en el número de muertos, sino que el éxito estribe en que disminuyan substancialmente los muertos, las masacres y aumenten sustancialmente las libertades y los derechos de las personas”, explicó el mandatario.
Petro aseguró que en su administración desaparecerá el indicador de muertos para los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas y que con su gobierno se inicia un cambio de mentalidad y de estrategias.
Como nuevo comandante de las FF.AA., Petro designó al general Helder Fernan Giraldo y como comandante del Ejército al general Luis Mauricio Ospina.
En la Armada nombró al vicealmirante Francisco Hernando Cubides, en la Fuerza Aérea al general Luis Carlos Córdoba y como director de la Policía Nacional al general Henry Armando Sanabria.
El presidente explicó que su política de seguridad humana busca garantizar paz, la disminución de la violencia, de la criminalidad, mientras se promueve desde las fuerzas militares y la policía el respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas.
El Ejército de Colombia aún enfrenta el escándalo de los denominados “falsos positivos” en el que 6.402 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combates por soldados, suboficiales y oficiales que ganaron ascensos, pagos de recompensas y condecoraciones entre 2002 y 2008.
Petro prometió durante su campaña que los integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de los derechos humanos serán juzgados por tribunales ordinarios y no por los militares.
También se comprometió a sacar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional y trasladarla a un nuevo Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia para darle un carácter más civil, además de desmantelar su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), blanco de críticas internacionales por su responsabilidad en la muerte de manifestantes durante las protestas sociales del año pasado.
El conflicto armado interno del país sudamericano, de casi 60 años, dejó por lo menos 450.000 muertos, la mayoría civiles, sólo entre 1985 y 2018.
