Bloquearon las carreteras durante el toque de queda y patrullaron el sábado las desiertas calles de Daca. Así han actuado los soldados de Bangladés, tras las medidas impuestas para sofocar las protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo del gobierno, que han causado la muerte de al menos 110 personas esta semana.
Desde el jueves que los servicios de Internet y mensajes de texto están suspendidos, aislando a la nación del sur de Asia del resto del mundo, mientras la policía reprime las protestas que han continuado a pesar de la prohibición de las concentraciones públicas.
Según los ciudadanos de Daca, la capital de la nación asiática, la mayoría de las llamadas telefónicas al extranjero no se conectaban, los sitios web de los medios de comunicación en Bangladés no se actualizaban y sus cuentas en las redes sociales permanecían inactivas.
“Sacar de Internet a un país de casi 170 millones de habitantes es una medida drástica que no se veía desde la revolución egipcia de 2011″, señaló John Heidemann, científico jefe de la división de redes y ciberseguridad del Instituto de Ciencias de la Información Viterbi, de la Universidad del Sur de California.
Las manifestaciones no solo han dejado más de cien muertes, sino que, además, han dejado miles de heridos, según datos de hospitales de todo Bangladés. Solo el Dhaka Medical College Hospital recibió 27 cadáveres entre las 17.00 y las 19.00 horas (hora local) del viernes.
En los últimos cinco días, la policía ha disparado gases lacrimógenos y lanzado granadas de estruendo para dispersar a los manifestantes, que se han enfrentado al personal de seguridad, lanzando ladrillos e incendiando vehículos.
Las manifestaciones son las mayores desde que la primera ministra Sheikh Hasina fuera reelegida este año, para un cuarto mandato consecutivo.
Sumado a los alegatos contra el mandato de Hasina, las protestas se han visto alimentadas también por el elevado desempleo entre los jóvenes, que representan casi una quinta parte de los 170 millones de habitantes.
Ante el creciente número de muertos y la incapacidad de la policía y otras fuerzas de seguridad para contener las protestas, el gobierno de Hasina impuso el toque de queda nacional y desplegó el Ejército.
Los disturbios, de alcance nacional, estallaron por la indignación de los estudiantes contra las controvertidas cuotas para puestos de trabajo en el gobierno, incluido el 30% para las familias de los que lucharon por la independencia de Pakistán.
